La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se pronunciará sobre una decisión que podría marcar un antes y un después en la relación entre Argentina y el sistema judicial estadounidense: determinar si el Estado argentino debe entregar el 51% de las acciones que posee en YPF como parte de una sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012.
El caso se remonta a la nacionalización de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En 2012, el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de Repsol, con el respaldo del Congreso.
Sin embargo, el juicio que hoy enfrenta Argentina no fue iniciado por Repsol, que recibió una compensación en 2014, sino por los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculadas a la familia Eskenazi.
Estas sociedades habían ingresado a YPF en 2007 sin desembolsar dinero, bajo un acuerdo que les permitía pagar con futuras ganancias. Tras la expropiación, quedaron fuera del negocio y sin compensación, lo que dio lugar a una demanda por violación del estatuto de la empresa.
En junio de 2023, la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se llevó a cabo la expropiación. Con los intereses acumulados, la cifra asciende hoy a USD 18.000 millones, una carga extraordinaria para un país que enfrenta serias dificultades económicas y escasas reservas en el Banco Central.
Pero el conflicto no termina ahí. En junio de 2025, Preska ordenó la entrega del 51% de las acciones estatales en YPF como forma de pago. Argentina apeló esa decisión y solicitó una suspensión (“stay”) de la transferencia hasta que se resuelva la apelación principal, cuya audiencia está prevista para fines de octubre.
¿Qué decidirá la Corte de Apelaciones?
La Corte de Apelaciones debe resolver si mantiene la suspensión de la orden de Preska o si habilita la transferencia inmediata de las acciones. Las opciones son tres: Conceder la suspensión: Argentina podrá continuar la apelación sin entregar las acciones, aunque podría exigirse una garantía alternativa.
Rechazar la suspensión: el Estado quedaría obligado a entregar el 51% de YPF, lo que podría implicar desacato si no cumple. Buscar una vía intermedia: permitir que Argentina entregue otros activos equivalentes, como bonos o títulos públicos. En caso de un fallo adverso, el Gobierno argentino ya anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque esta instancia rara vez interviene en litigios de esta naturaleza.
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