El Gobierno Nacional, a través de la Vocería Presidencial, elevó la tensión en el caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de 96 pacientes en clínicas y hospitales de todo el país. El acusado, Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group S.A. y vinculado históricamente al kirchnerismo, no solo fue denunciado por corrupción y evasión fiscal, sino que intentó seguir fabricando medicamentos pese a una prohibición expresa de la ANMAT.
García Furfaro, que pasó en pocos años de ser verdulero a empresario farmacéutico multimillonario con contratos estatales gracias a sus vínculos políticos —incluido el socio de Lázaro Báez—, es considerado por el Gobierno como “un empresario corrupto y beneficiario de la casta política que arruinó el país”.
El laboratorio HLB Pharma, productor del lote de fentanilo contaminado, no era inspeccionado por la ANMAT desde febrero de 2020. Recién en septiembre de 2024, con la asunción de Mario Lugones como Ministro de Salud, comenzó un control exhaustivo: en noviembre se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo (perteneciente al mismo grupo) y en febrero de 2025, apenas dos horas después de recibir los resultados, la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, lo inhabilitó para toda actividad productiva. Esta medida se tomó tres meses antes de que ocurriera la primera muerte.
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En marzo, el organismo prohibió el uso, comercialización y distribución del “Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000”, evitando así innumerables muertes en intervenciones quirúrgicas. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad inició una investigación por documentación falsa en la inscripción de HLB Pharma en el RENPRE, y la Agencia de Recaudación (ARCA) lo denunció por evasión tributaria agravada.
“No es un dato menor que el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sean los principales clientes de HLB Pharma”, advirtió el comunicado oficial. La situación se complica por el hecho de que el juez que lleva la causa es Ernesto Kreplak, hermano del ministro. El Ejecutivo anticipó que, si no se ordena la inmediata detención de García Furfaro, recusará al magistrado por presunto conflicto de intereses.
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Pese a la prohibición impuesta por la ANMAT en mayo de 2025 (Disposición 3158/2025), García Furfaro se presentó personalmente en el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 28 para pedir licencias que le permitan producir medicamentos de la quebrada Nexo Pharmaceutical Group. La ANMAT ya había comunicado al tribunal que HLB Pharma carece de director técnico desde el 21 de mayo, lo que le impide legalmente operar. Sin embargo, la maniobra buscaba reactivar la producción pese a las restricciones vigentes, también aplicadas a Laboratorios Ramallo S.A., de donde provino el fentanilo letal.
El Gobierno Nacional destacó que, gracias a la rápida acción del ministro Lugones y de la ANMAT, todas las dosis contaminadas fueron retiradas del mercado, evitando potencialmente cientos de miles de muertes. “Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar a un empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política”, afirmó la vocería presidencial, ratificando que irá “hasta las últimas consecuencias” para que García Furfaro termine en prisión.