La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a presentarse en la Corte Suprema de Justicia después que el máximo tribunal confirmó en junio pasado su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. La ex mandataria reclamó que le quiten la tobillera electrónica que usa en su prisión domiciliaria y que no tenga que pedir autorización para recibir visitas.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que los abogados de la ex presidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron una apelación luego que en las instancias anteriores rechazaron sus planteos.
Esta es la primera vez que Cristina Kirchner acude a la Corte Suprema en una de sus causas luego que el máximo tribunal confirmó su condena. Pero no quiere que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti intervengan: los recusó por temor de parcialidad.
Cuando la ex presidenta comenzó a cumplir su condena en su departamento de San José 1111 el Tribunal Oral le impuso una serie de condiciones. Entre ellas el uso de una tobillera electrónica que controle sus movimientos y pedidos de autorización para recibir visitas.
El tribunal le permitió que familiares, médicos, abogados y custodios podían ingresar sin restricciones pero toda otra persona debía pedir autorización a la justicia. Otra fue que no perturbe el barrio por las concentraciones de militantes que había en la puerta del edificio, lo que generó la polémica sobre si podía usar o no el balcón.
“La colocación de una tobillera de monitoreo electrónico solo resulta legítima en la medida en que resulta indispensable para asegurar el estricto cumplimiento de la pena. La medida cuestionada debe ser revocada, dado que no existe riesgo alguno que justifique el uso de una tobillera electrónica por parte de CFK, ya que nuestra representada siempre estuvo a derecho, es una persona pública e incluso cuenta con una custodia policial en la puerta de su domicilio durante las veinticuatro horas del día (obligada a actuar al advertir cualquier actividad contraria a derecho, como la eventual evasión de una persona que cumple pena) lo cual torna imposible cualquier intento de fuga.”, argumentó la defensa de Cristina en su presentación.
Sobre el régimen de visitas, los abogados de la ex mandataria señalaron que se fijó un límite con pedidos de autorización que no están contemplados en ninguna norma ni se aplicaron en otros casos.
“No se conocen antecedentes en los cuales se hayan establecido restricciones similares respecto de personas que cumplen pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, razón por la cual la medida cuestionada determina una clara violación al principio de igualdad ante la ley”, sostuvieron.
Pero la ex presidenta no quiere que sean Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti quienes resuelvan su planteo. Los recusó por temor de parcialidad. Uno de los argumentos fue la rapidez con la que confirmaron su condena en Vialidad -40 días hábiles de recibido el expediente- en comparación con otras causas que llevan años. También señaló que Lorenzetti hizo declaraciones públicas sobre el caso antes de resolver sobre la condena.
En el mismo expediente, la ex presidenta ya había recusado a Lorenzetti para que no intervenga en la resolución de su condena, lo que fue rechazado por la Corte Suprema.