El oficialismo había apostado a acelerar el trámite de la Modernización Laboral antes de fin de año, pero la estrategia chocó con la realidad parlamentaria. Después de la sesión de Diputados, donde el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 pero perdió los artículos que anulaban las emergencias en Discapacidad y Financiamiento Universitario, Patricia Bullrich anunció el freno que hasta hace horas descartaba: el proyecto tendrá dictamen, pero se tratará recién el 10 de febrero en el Senado, dentro del segundo llamado a sesiones extraordinarias.
El giro sorprendió a la oposición, que venía advirtiendo sobre la falta de consensos, y coincidió con una marcha masiva de la CGT y movimientos sociales frente a Plaza de Mayo. En paralelo, los bloques dialoguistas reclamaban más tiempo para incorporar aportes técnicos y corregir artículos que podían impactar en el equilibrio fiscal.
Bullrich había sido el emblema del oficialismo para llevar el proyecto al recinto el 26 de diciembre. Pero al término de la comisión de Trabajo —que ella preside en el Senado— minimizó la situación y blanqueó una nueva orden política en declaraciones a la prensa: “Podríamos tratar ahora el proyecto, tenemos los votos, tenemos el dictamen. Lo que pasa es que fue increíble la cantidad de gente que quiere participar… Los mismos senadores quieren aportar, leer y dar más ideas. Pero los apoyos los tenemos”.
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Luego reconoció el motivo central del retroceso: “Ayer algunas cosas no se votaron… El corazón del programa económico es no violentar el superávit fiscal. Esas leyes tenían una incidencia tan grande que nos generaban déficit fiscal”.
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En X dejó otro mensaje dirigido a la CGT, que había cuestionado el contenido del proyecto: “Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”.
En el Senado admiten que la caída del capítulo XI del Presupuesto funcionó como advertencia. Si insistían en avanzar sin cerrar acuerdos, podían perder artículos enteros de la Modernización Laboral en un contexto social cargado y con una oposición dispuesta a marcar límites.
Según explicaron fuentes parlamentarias a PERFIL, la primera prioridad siempre fue el Presupuesto para el gobierno, y ante la incertidumbre de si vetarán lo aprobado en Diputados, decidieron postergar todos los otros temas. «Sin Presupuesto, no tiene sentido avanzar«, aseguraron.
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El Gobierno decidió trasladar el debate para el 10 de febrero. La ventana de extraordinarias irá del 3 al 27, según confirmó Bullrich, e incluirá también la modificación de la Ley de Glaciares. Aunque hubo dictamen, la ministra enfatizó que el texto sigue abierto a cambios, un gesto hacia los bloques que pedían recalibrar el proyecto.
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En la oposición destacaron el viraje. José Mayans volvió a reclamar mayor representación en las vocalías de comisión y definió el proyecto con una frase: “Nació torcido”. En Casa Rosada, en cambio, buscan mostrar el repliegue como una decisión táctica después de la reunión entre Bullrich, Milei, Menem y Santilli, con el objetivo de evitar nuevas derrotas legislativas y resguardar el equilibrio fiscal mientras continúan las negociaciones.
Plataformas a favor, sindicatos y trabajadores en contra
La jornada de este jueves mostró la ampliación del diálogo que el Gobierno ahora reivindica como argumento para postergar el debate. Pasaron por la comisión Sipreba, trabajadores de Rappi y gremios del sector audiovisual. Los directivos de las plataformas digitales defendieron el texto enviado por el Ejecutivo, mientras que los otros trabajadores fueron críticos.
Nicolás Debernardi, de PedidosYa, aseguró que la economía de plataformas “crece 20% en 2025” y pidió avanzar: “Es esencial la sanción de este proyecto porque despeja las incertidumbres jurídicas con las que venimos lidiando en estos 15 años”.
La réplica llegó desde el sindicato de motociclistas. Marcelo Pariente, de ASiMM, fue categórico: “Es mentira que tenemos libertad. El algoritmo te condiciona y te categoriza: si te desconectás, te baja el ranking”. También advirtió sobre el riesgo de aprobar el texto tal como está: “Avanzar con este proyecto es eliminar la esperanza de vivir mejor. Legaliza la vulnerabilidad y el fraude laboral”.
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La participación de sectores que no habían tenido espacio en audiencias anteriores reforzó el planteo opositor de que el Senado debía habilitar más rondas de discusión antes de llevar la norma al recinto.
Al respecto, el senador del peronismo Mariano Recalde afirmó: “Es bueno que se prorrogue el debate y que se escuche. Espero que las observaciones que han hecho muchísimos actores de distintos sectores se escuche en serio”. Y añadió: “Quedaron muchas cosas sin tratar”.
“Hay un montón de modificaciones”, retrucó Bullrich. “Lo dejamos para poder tener un instrumento para sesionar el 10, pero este dictamen va a seguir vivo, para seguir modificándolo”, remarcó la senadora del PRO.
En respuesta, Recalde señaló: “Es un proyecto que en los fundamentos tiene mentiras: no hay modernización ni se habla de homeoffice, hasta se suprime lo discutido; lo mismo ocurre con los estatutos profesionales. Estamos volviendo al pasado”.
“Ampliar o reducir derechos ni destruye ni crea trabajos. Hay ejemplos sobrados en la historia argentina. No es cierto que eliminando derechos los empresarios salgan a contratar compulsivamente. Esta ley está hecha para facilitar los despidos”, aseguró el legislador de Fuerza Patria.
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