Jorge Solá, secretario general de la CGT, realizó una caracterización bastante precisa de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La definió, sin rodeos, como una ley pensada para «despedir mejor y más barato», denunció su carácter inconstitucional, el vaciamiento de derechos colectivos, el debilitamiento sindical y la avanzada sobre la negociación colectiva. Hasta ahí, un diagnóstico que cualquier trabajador que haya leído el proyecto —o sufrido reformas similares— podría compartir.
Sin embargo, el problema aparece cuando ese diagnóstico choca de frente con la estrategia política que la conducción de la CGT elige sostener: la de una «oposición dialoguista», «constructiva» y dispuesta a consensuar una supuesta «modernización del mundo del trabajo».
Solá reconoció que la reforma no generará empleo, que no existe tal «industria del juicio», que el banco de horas profundiza la asimetría entre capital y trabajo y que se vulnera el artículo 14 bis de la Constitución. Incluso señaló que el proyecto busca debilitar deliberadamente a los sindicatos, limitar el derecho de huelga y erosionar la representación gremial. La pregunta es inevitable: si todo esto es así, ¿qué es lo que habría que dialogar?
«Somos una oposición constructiva. Se debe modernizar el mundo del trabajo»
Jorge Sola, secretario general de la CGT, expresó la postura ante el apuro del oficialismo por sancionar la reforma laboral y el rechazo de la oposición. pic.twitter.com/Ax77Pn5Oya
— Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) January 15, 2026
Pero el contraste más fuerte no está solo en el contenido del proyecto, sino en el rol que la CGT decide jugar. Mientras Solá reivindica reuniones con gobernadores, senadores radicales y bloques provinciales, la realidad es que la central obrera no está a la altura de enfrentar seriamente esta ofensiva. «Nosotros estuvimos en la comisión y expresamos nuestra postura institucional, política, gremial y técnica sobre por qué nos nos oponíamos. Nos juntamos con los gobernadores de Provincias Unidas, nos juntamos con los gobernadores del peronismo, estuvimos hablando con senadores de extractos radicales. Eso implica claramente, la búsqueda de de un consenso.
Lo que olvida decir Solá es que gobernadores del peronismo como Jalil y Jaldo (Catarmaca y Tucumán), o los gobernadores de Provincias Unidas y muchos sectores del radicalismo han sido aliados fundamentales del gobierno de Milei durante estos dos años para que pueda avanzar con su plan de ajuste y motosierra contra los trabajadores.
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La historia, tanto pasada como reciente, demuestra que ningún derecho se conquistó ni se defendió en mesas de diálogo y consenso con gobiernos y políticos patronales decididos a entregar los intereses de los trabajadores a cambio de unas monedas. Frente a una reforma laboral esclavista como la que propone el Gobierno, la respuesta no puede ser otra que mostrar la enorme fuerza de la clase trabajadora en las calles, con paro y movilización, hasta derrotarla. Todo lo demás es relato.
La experiencia de estos días con el conflicto de los trabajadores de Lustramax es el ejemplo perfecto de lo que implicará una reforma así: patronales que hacen lo que quieren, que no acatan la ley ni las órdenes del Ministerio de Trabajo, que irrumpen en asambleas de trabajadores con la Policía dentro de la fábrica, que buscan despedir ilegalmente incluso hasta a los delegados que tienen fueros gremiales y que usan a las fuerzas como Gendarmería como guardia personal gracias a su buena relación y sus conexiones con el oficialismo.
Pero también muestra el ejemplo de como se debe enfrentarla: organizándose desde abajo para luchar en unidad, buscando construir alianzas junto a otros trabajadores y sectores en lucha solidaros con paros, movilizaciones y los métodos tradicionales de la clase obrera.
Un conflicto testigo que, a pesar de la gran trascendencia nacional de las acciones de protesta y su importante repercusión mediática, no mereció ni siquiera un comunicado o una declaración por redes sociales por parte de la central obrera o alguno de sus dirigentes.
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Mientras la CGT habla de diálogo, el Gobierno negocia y afina su plan de guerra. Es necesario redoblar los esfuerzos y la organización hacia febrero, para imponer desde abajo un plan de lucha que esté a la altura de lo que se viene.