Un grupo de legisladores nacionales presentó una acción penal contra el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por la criptomoneda Libra, acusándolo de mal desempeño y retención de pruebas.
Un grupo de diputados nacionales que integraron la comisión investigadora del caso Libra presentó este miércoles una denuncia penal contra el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa. Los legisladores lo acusan de «mal desempeño» y violación de los deberes de funcionario público, señalando «demoras injustificadas» y la «retención y ocultamiento» de pruebas a la parte querellante.
La acción fue presentada por diputados de la Coalición Cívica, Unión por la Patria y Provincias Unidas. En el escrito, sostienen que, pese a que el escándalo judicial estalló en febrero de 2025, el secuestro de dispositivos electrónicos de los involucrados Mauricio Novelli y Sergio Morales se realizó recién en marzo de ese año. Aseguran que, aunque el material estuvo desde mayo a disposición de la fiscalía, el análisis se ordenó en septiembre, generando una «primera dilación significativa».
Los denunciantes también señalaron que en octubre de 2025 solicitaron una reunión con Taiano para acceder al expediente y agilizar la tarea de la comisión, pero el fiscal habría negado el pedido, lo que, a su juicio, «quebró toda la tradición legislativa» de colaboración entre poderes.
Según los diputados, el informe pericial del teléfono de Novelli se completó en enero de 2026, pero no se tradujo en un impulso efectivo de la investigación. El acceso integral a las pruebas derivadas de ese dispositivo se habría garantizado recién en marzo de este año.
«Se consolidó así una secuencia de demoras que, por su extensión y falta de justificación, resultan incompatibles con un desempeño diligente», expresaron en la denuncia, añadiendo que no se registraron medidas sustanciales como indagatorias o imputaciones durante ese periodo.
Por otro lado, cuestionaron que el fiscal Taiano sí fue diligente al citar a declaración testimonial a la periodista y abogada Natalia Volosín luego de que ella hiciera pública la retención de pruebas, aunque luego dejó sin efecto la citación. También señalaron que la investigación se orientó hacia los autores de la filtración mediática de los audios del teléfono de Novelli.
«La breve reconstrucción cronológica de los hechos permite advertir un patrón de conducta caracterizado por demoras injustificadas, que pueden afectar el debido proceso», concluyeron los legisladores en la presentación judicial.