El magistrado David Lisandrello rechazó un reclamo basado en normas inexistentes, generado con herramientas como ChatGPT, y cursó un informe al Colegio de Abogados de Rosario para su análisis ético.
El Juez Civil y Comercial de Villa Constitución, David Lisandrello, dictó una resolución en la que cuestiona el uso «acrítico» de herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT o Gemini, en la elaboración de escritos judiciales. La medida se tomó luego de que el magistrado detectara que un abogado había presentado un reclamo fundado en plazos y normas que no existen en el Código Procesal de Santa Fe.
En su resolución, Lisandrello explicó que los modelos de IA «no nativos para cuestiones jurídicas» suelen tener «comprobadas alucinaciones», es decir, inventan respuestas que suenan lógicas pero carecen de sustento legal. El juez señaló que el escrito presentado tenía la cadencia gramatical y construcción típica de estos sistemas, lo que desplazó indebidamente el eje del debate y generó actuaciones procesales innecesarias.
«No se trata de cuestionar la herramienta en sí, sino de recordar que su utilización no puede implicar una ruptura o abandono en la cadena de control que debe preceder a todo acto jurídico procesal», sostuvo el magistrado. Por ello, ordenó comunicar la decisión a la Delegación del Colegio de Abogados de Villa Constitución y, a través de ella, al Directorio del Colegio de Abogados de Rosario, para que los institutos y el Tribunal de Ética tomen conocimiento de esta problemática.
Este caso se suma a otro resuelto en agosto de 2025 por la Cámara de Apelaciones de Rosario, donde el juez Oscar Puccinelli confirmó un fallo pero incluyó un llamado de atención a un abogado por citar jurisprudencia inexistente, generada también con IA. Si bien no hubo sanción, se destacó la necesidad de prevenir que estas situaciones se generalicen.
Expertos locales, como Claudia Guardia, presidenta del Instituto de Inteligencia Artificial Aplicado al Derecho en Rosario, han señalado que estos casos abren un debate sobre el uso ético y responsable de la tecnología en el ámbito legal, donde la verificación humana sigue siendo indispensable.