El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevos informes sobre propiedades y viajes del funcionario para analizar la correspondencia con sus ingresos declarados.
El fiscal federal Gerardo Pollicita activó una serie de medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal investigado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El objetivo es profundizar el análisis sobre su patrimonio, con foco en las propiedades adquiridas y los viajes realizados junto a su esposa, Bettina Angeletti.
Entre los pedidos más relevantes, la fiscalía solicitó el «historial completo de dominio» de los inmuebles vinculados al funcionario. La intención es reconstruir toda la trazabilidad de las propiedades bajo análisis, incluyendo titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y otros antecedentes registrales.
Al mismo tiempo, se avanzó sobre los movimientos migratorios. Se enviaron oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para ampliar la información sobre las salidas del país de los investigados, ya que los datos disponibles hasta el momento resultan incompletos. El listado inicial registraba entre 15 y 19 viajes, sin incluir detalles clave como destinos finales de algunos tramos.
Para profundizar esa línea, también se solicitaron datos operativos a organismos vinculados a la actividad aérea como ANAC, EANA, aeropuertos y explotadores aeroportuarios. El requerimiento incluye planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y aeronaves utilizadas en cada traslado. La pesquisa alcanzó además a distintas compañías aéreas, pidiendo información sobre reservas, tickets, check-in, equipaje, facturación y medios de pago.
La investigación gira en torno a una pregunta clave que plantea la fiscalía: si el nivel de vida del funcionario puede ser sostenido con los ingresos que declaró ante la Oficina Anticorrupción. En ese marco, se ordenó también la incorporación de las declaraciones juradas patrimoniales públicas.
En paralelo, el expediente pone la lupa sobre dos propiedades: una ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires. Ambas operaciones fueron certificadas por la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien deberá presentarse a declarar como testigo.
Uno de los puntos que generó mayor atención es la operatoria del departamento en Caballito, que fue vendido dos veces en pocos meses. Además, se detectó que dos personas, Beatriz Viega y Claudia Sbabo, figuran como acreedoras de un crédito hipotecario de 200 mil dólares que permitió concretar la compra. Según consta en los registros, ambas aportaron el 87% del valor del inmueble. Sin embargo, cuando fueron consultadas sobre el vínculo con el funcionario, respondieron de manera coincidente: «No lo conozco, no sé nada de eso». A partir de esa situación, la Justicia convocará a declarar a Hugo Morales, quien intervino en la operación.
La fiscalía también solicitó información a los consorcios de los inmuebles para relevar datos sobre expensas, pagos, cuentas intervinientes y eventuales mejoras realizadas. En paralelo, se requirieron a la AGIP las boletas de ABL y otros gravámenes asociados a las propiedades.
Como parte de los próximos pasos, se prevé avanzar con una tasación de los inmuebles bajo sospecha. La medida apunta a establecer si los valores declarados en las operaciones coinciden con el precio real de mercado.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Pagano, quien señaló «severas discrepancias» entre las declaraciones juradas del funcionario. Entre los puntos mencionados, se destaca la presunta omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por montos superiores a los 16 millones de pesos declarados al inicio de su gestión.