El Estado provincial rechazó un pedido de suspensión del remate de una aeronave vinculada al financista Daniel Casanovas. La defensa argumenta que el avión pertenece a una empresa y no a su cliente, mientras el gobierno asegura que se brindó información falsa sobre su paradero.
La provincia de Santa Fe rechazó el pedido de los abogados del financista Daniel Casanovas para suspender la subasta pública de un avión incautado en una causa judicial. El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, anticipó que se insistirá con el remate y afirmó que los defensores «habían mentido con la información» sobre la aeronave.
Los representantes legales del financista, imputado por estafas, argumentaron que el Cessna 402A no debe ser vendido por el Estado, ya que pertenecería a Cereales del Sur SA y no a su cliente. La sindicatura de la firma realizó un planteo similar, señalando que el vehículo debe permanecer disponible para cancelar deudas con acreedores en un concurso preventivo.
El funcionario desestimó estos argumentos y recordó que los asesores del agente bursátil no colaboraron para rastrear el avión de seis plazas. «Habían aportado datos falsos y no certeros», enfatizó en relación a la supuesta ubicación en San Nicolás. La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) inició la búsqueda en el norte bonaerense, pero el registro era erróneo.
En octubre de 2025, la aeronave fue hallada en un campo de María Grande, provincia de Entre Ríos, donde el organismo tomó posesión tras un operativo policial. «Detectamos que estaba a la intemperie, retenida por un mecánico que había sido también estafado por esta persona», comentó Figueroa Escauriza. Según su explicación, el propietario no había pagado una reparación y el Cessna había quedado «tirado» en ese lugar.
El secretario añadió que el Estado se hizo cargo de un traslado «muy costoso», calculando una inversión de casi 30 millones de pesos para su recupero. El precio de base en la subasta pública del 16 de abril es de $50.000.000. «Mover estas aeronaves sale mucho dinero. Hay que desarmarlas, sacarles las alas. Cada mes que pasa y el avión no vuela, se le van venciendo las piezas», precisó. También señaló que el espacio para guardarlo cuesta entre 1.000 y 5.000 dólares mensuales.
Uno de los representantes del financista, Emiliano Díaz, cuestionó la convocatoria a la subasta y la acción de la Fiscalía. Enfatizó que el avión fue recibido por la empresa «con anterioridad a los hechos atribuidos al señor Casanovas». Estimó que una aeronave nueva puede costar 250.000 dólares, pero recordó que este modelo ya tuvo un accidente registrado por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y «no está en condiciones de volar».
Por su parte, Figueroa Escauriza sostuvo que el remate puede ser un buen negocio: «La gente que está en el tema y que le interesa la compra de este avión saben cuánto tienen que invertir». En cambio, el defensor del agente bursátil está convencido de que el vehículo solo vale «como chatarra o repuesto» y aseguró que acondicionarlo cuesta «más dinero que el que tienen que pagar» en el remate.
La resolución del conflicto recayó en manos del juez Alejandro Negroni. El destino de la aeronave se definirá durante una audiencia programada para este miércoles a las 11 de la mañana en el Centro de Justicia Penal. Para el debate fueron citados integrantes de Aprad, la Fiscalía de Estado de Santa Fe, querellantes y víctimas registradas en la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).