La iniciativa, anunciada por el jefe de Gabinete y el ministro de Salud, propone cambios en los criterios de internación y en la terminología de la normativa vigente desde 2010.
El gobierno nacional anunció que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
Según expresó Lugones a través de la red social X, la ley actual «generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto». El ministro afirmó que esta situación afectó a muchas familias que buscaron ayuda «sin encontrar respuesta, aun en situaciones críticas».
La normativa vigente prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos y establece que las internaciones involuntarias solo pueden realizarse ante un «riesgo cierto o inminente» para la persona o terceros, y mientras esa situación persista.
El nuevo proyecto introduciría cambios en este enfoque. Si bien mantendría el carácter excepcional de la internación involuntaria, buscaría «flexibilizar el marco de actuación ante urgencias». En esos casos, un médico psiquiatra podría disponer la internación, la cual debería ser confirmada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas.
Otra modificación se refiere a las internaciones voluntarias. Si un paciente solicita el alta y se considera afectada su capacidad para decidir, esa situación podría derivar en una internación involuntaria, con la correspondiente notificación judicial.
El proyecto también propone reemplazar el término «padecimiento mental» por la definición de «trastornos mentales o del comportamiento» tomada de la Clasificación Internacional de Enfermedades, buscando, según el gobierno, «mayor precisión». Asimismo, se redefiniría el concepto de riesgo como «situación de riesgo de daño para la vida o integridad física».
La iniciativa advierte además que el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos y su traslado a hospitales generales, promovido por la ley actual, «no resulta siempre viable por falta de recursos y seguridad».
«Esta modificación busca que el sistema pueda intervenir a tiempo, con criterios más claros y herramientas concretas para actuar frente a situaciones de riesgo», sintetizó el ministro Lugones.