El Ejecutivo municipal envió al Concejo un pedido de excepción a la normativa urbana para construir un edificio de 35 metros en Belgrano 548, donde solo se permite hasta 14,5. La fachada de la casona sería preservada, pero la iniciativa genera debate entre vecinos, especialistas y organismos internacionales.
Un nuevo debate sobre la identidad urbana y las excepciones al código de edificación sacude a Rosario. El caso más reciente es el de la casona ubicada en Belgrano 548, a metros del Monumento a la Bandera, donde se proyecta un edificio de 35 metros de altura, cuando la normativa vigente (ordenanza 10838/25) habilita un máximo de 14,5 metros.
El Ejecutivo municipal envió al Concejo el pedido de exceptuar el límite establecido, lo que generó una polémica que suma voces a favor y en contra. Ilka Luetich, presidenta de la Vecinal Monumento a la Bandera, alertó: “Si se permite la excepción en este lugar, qué pasaría en el resto de la ciudad”.
En lo que va del año, en Rosario se otorgaron 357 permisos de edificación y se remitieron al Concejo 11 pedidos de excepción a la normativa edilicia. En 2025 hubo 652 permisos y 25 pedidos de excepción, lo que representa alrededor del 3% del total.
En la zona del Monumento quedan apenas dos casas en su estado original, una de las cuales es la de Belgrano al 500. El proyecto de la discordia garantiza la preservación de la fachada de la casona a cambio de habilitar la construcción horizontal detrás de la misma.
La controversia ya atravesó los límites de la ciudad. Al Concejo ingresó este lunes una nota de Icomos Argentina, asociación civil que tributa al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, asesor de la Unesco. Lo confirmó la presidenta de la comisión de Planeamiento y Urbanismo, María Fernanda Gigliani. El texto enfatiza que el área tiene una “alta significación histórica, simbólica, urbana y paisajística” no solo para Rosario, sino para la región.
El documento de Icomos resalta que “las decisiones sobre transformación urbana deben contemplar no sólo variables económicas o constructivas, sino también los efectos que tales intervenciones pueden producir sobre la memoria, la percepción del paisaje, las prácticas comunitarias y la continuidad de los valores que sostienen la identidad del lugar”.
El expediente de la discordia es el 32080/2025. El argumento del Ejecutivo es que los propietarios no pueden mantener la vivienda por razones económicas y que el edificio detrás de la fachada no contradice el concepto de “protección parcial” admitido por la normativa. El pedido fue enviado por el municipio antes de la aprobación de la regulación más reciente, a finales de octubre del año pasado, y fue reenviado un mes después.
El Colegio de Arquitectura y Urbanismo, Distrito 2 Rosario, se opuso enfáticamente: “Las ordenanzas recientemente aprobadas estuvieron argumentadas con el objetivo principal de ordenar los criterios urbanísticos y patrimoniales, precisamente para evitar la proliferación de excepciones que, con el tiempo, terminan desvirtuando la normativa vigente”.
Uno de los dueños de la propiedad, Luciano Agüero, expuso en el Concejo el dilema que atraviesan con la casona. Recordó que no pueden disponer libremente del inmueble debido a las normativas de protección, y que él y sus cuatro hermanos no tienen espalda económica para revertir el deterioro de la vivienda. Hace 15 años decidieron ponerla a la venta, pero los potenciales compradores se echaron atrás ante las restricciones. Consiguieron alquilarla dos veces, pero ahora las inmobiliarias ni siquiera pueden tasar la propiedad.
La polémica sigue abierta, y el tratamiento del proyecto quedó en stand by a la espera de nuevas definiciones.