Un informe de Nadin Argañaraz revela que la capacidad de compra de los jubilados sufrió un deterioro estructural, con pérdidas que equivalen a más de dos años de haberes para los sectores más vulnerables.
En el complejo escenario económico argentino, el sector previsional exhibe las consecuencias de la inflación y las políticas de bonos. Un informe de Nadin Argañaraz permite desglosar la realidad detrás de las cifras nominales, revelando que la capacidad de compra de los jubilados ha sufrido un deterioro estructural que impacta de manera desigual según el nivel de ingresos.
Para comprender la situación actual, el autor distingue entre el haber nominal y el poder adquisitivo real. La nominalidad suele generar una ilusión de mejora, pero al ajustar los valores por inflación, la realidad es otra. Por ejemplo, un jubilado que cobraba la mínima con bono en noviembre de 2023 percibía un ingreso que, traído a valores de abril de 2026, debería equivaler a $502.207 para mantener el mismo poder de compra; sin embargo, el cobro efectivo fue de $450.286, una caída real del 10,3%.
En contraste, quienes perciben haberes equivalentes a tres mínimas vieron una recuperación del 7,8% respecto a noviembre de 2023, cobrando $1.140.859 frente a un valor real de referencia de $1.058.762. La comparación lleva implícita la distinción entre los que perciben un beneficio gracias a moratorias y aquellos que sí realizaron aportes.
El análisis del comportamiento del poder adquisitivo desde noviembre de 2023 muestra una divergencia crítica: las jubilaciones sin bono (haberes más altos) experimentaron un incremento acumulado equivalente a 1,1 haberes de noviembre de 2023 durante los últimos 29 meses, mientras que las jubilaciones mínimas con bono sufrieron una pérdida acumulada equivalente a 1,8 ingresos mensuales de noviembre de 2023. Esta segmentación indica que la política de bonos, si bien busca asistir a los más vulnerables, ha terminado por cristalizar una pérdida de poder de compra superior.
Al ampliar la lente al período comprendido entre 2017 y abril de 2026, la magnitud del perjuicio es significativa. Un jubilado que no percibe bono ha perdido el equivalente a 26,1 haberes de 2017, es decir, más de dos años completos de jubilación. Para quienes cobran la mínima con bono, la pérdida acumulada es de 17,3 ingresos mensuales. Traducido a pesos de abril de 2026, el daño a una persona que cobra tres haberes mínimos supone haber resignado $51.622.146, mientras que un jubilado de la mínima ha sufrido un perjuicio acumulado de $11.383.888.
La pérdida expone el quebranto del sistema previsional de reparto, en el que el derecho adquirido de los aportantes choca con las decisiones políticas de incorporar beneficiarios sin aporte y una macroeconomía que fluctúa con un alto porcentaje de ocupados no registrados. A mayo de 2026, según proyecciones basadas en datos del INDEC y la Secretaría de Trabajo, en Argentina hay aproximadamente 20 millones de personas ocupadas, pero solo 12,88 millones de trabajadores registrados. La tasa de informalidad ronda el 43%, lo que significa que 4 de cada 10 asalariados no realizan aportes al sistema previsional.