El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que propone eliminar alrededor de 70 normas consideradas obsoletas, superadas o que limitan libertades individuales, según informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, que busca derogar unas 70 leyes sancionadas durante gobiernos militares y gestiones constitucionales del siglo XX. La información fue difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Sturzenegger detalló que entre las normas a eliminar figuran aquellas que prohibían protestas, imponían penas de cárcel por defender derechos humanos en ámbitos internacionales y exigían un carnet de mochilero. “La ley promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país”, afirmó el funcionario en un comunicado.
El proyecto se fundamenta en seis categorías: leyes superadas por normas posteriores; leyes obsoletas por avances tecnológicos, económicos o el paso del tiempo; leyes que afectan libertades individuales; leyes cuya derogación implica desburocratización; normas que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y leyes sobre organismos del sector público financiados con fondos nacionales.
Entre las leyes que se propone derogar se encuentran la Ley N° 14.034 de 1951, que imponía prisión a quienes propiciaran sanciones contra el Estado; la Ley N° 20.120 de 1973, que regulaba el derecho de reunión; y la Ley N° 20.802 de 1974, que creaba un carnet de mochilero obligatorio. También figuran normas como la Ley N° 21.895 de 1978, que autorizó las emisiones de televisión en color, y la Ley N° 24.807 de 1997, que creó la Federación Argentina de Municipios.
El ministro Sturzenegger señaló que la iniciativa busca eliminar normas que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes” y que “limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad”. El proyecto deberá ser tratado en el Congreso para su eventual aprobación.