Yama Corín, arteterapeuta y militante feminista, analiza el proyecto de ley que aumenta penas por falso testimonio en casos de violencia de género y abuso sexual infantil, y describe las dificultades que enfrentan quienes denuncian.
La presentación de un proyecto de ley por parte de la senadora Carolina Losada, que propone aumentar las penas para el delito de falso testimonio en casos de violencia de género o de abuso sexual contra las infancias, reavivó el debate sobre las denominadas «falsas denuncias». Según un relevamiento de 2022 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en Argentina solo 1 de cada 4 mujeres (77,3%) que sufrían violencia realizaba la denuncia. Unicef indicó en 2023 que entre el 90 % y el 95 % de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes no se denuncian.
Yama Corín, arteterapeuta, militante feminista e integrante del colectivo Mundanas, afirmó que la iniciativa “tiene un objetivo más político que jurídico” y busca “instalar en la sociedad un debate misógino, que es la desconfianza hacia las mujeres que denunciamos violencia de género y abuso sexual en las infancias de nuestros hijos o hijas”. Agregó que la medida se alinea con la persecución hacia las docentes que aplican la educación sexual integral (ESI). “La ESI es la que garantiza la voz de las niñeces que podrían estar sufriendo violencia y eso se intenta silenciar con esta persecución”, sostuvo.
Corín definió a las madres protectoras como aquellas que denuncian abuso sexual contra sus hijas o hijos. Señaló que, al iniciar ese proceso, suelen recibir contradenuncias por falso testimonio y por impedimento de contacto con la persona denunciada. “Las madres protectoras necesitamos que nos crean, que nos sostengan, que nos cuiden, pero porque nosotras estamos cuidando a nuestros hijos e hijas que fueron víctimas de una violencia brutal, que también necesitan acompañamiento, que necesitan protección, que necesitan terapia, que necesitan justicia”, declaró. “Necesitamos una sociedad que pueda mirar al otro con empatía”, sintetizó.
Consultada sobre el proceso de denuncia, Corín explicó: “Cuando nosotras denunciamos nos encontramos con la necesidad de desarrollar lo que estamos denunciando. Ese desarrollo implica muchísimo dolor con una escucha que nunca es cuidada, que nunca es en un espacio protegido”. Detalló que la denuncia debe ratificarse, luego se inicia una investigación y las pericias se realizan sobre quienes denuncian o las víctimas antes que sobre los denunciados. “Para sostener ese proceso judicial hay que pagar patrocinio jurídico. Hay que pagar asistencia psicológica. Para nosotras implica no solo el costo emocional, sino un costo económico”, afirmó. Agregó que, según estadísticas, de cada 1000 casos, se denuncian 100 y se condena a un solo abusador, y que las causas duran aproximadamente diez años en promedio.
En cuanto a las pericias, Corín describió la Cámara Gesell como un dispositivo donde niños, niñas o adolescentes menores de 18 años declaran ante un profesional de la psicología, con videograbación. “Si ese niño o esa niña justo en esa entrevista no pudo desarrollar lo que es un hecho traumático, difícil de poner en palabras, difícil de comprender muchas veces en ese momento, pierde su única chance de ser oído”, indicó. Sostuvo que el Poder Judicial “está sostenido por personas” que “tienen ideología, tienen prejuicios y tienen también traumas y dolores”, lo que afecta su práctica.
Respecto al impacto social de denunciar abuso sexual infantil, Corín comparó la situación con “una piedra que cae en el agua y hace un sinfín de oleajes”. Explicó que la revelación genera rupturas en la familia, el entorno laboral y social, con personas que acompañan a las víctimas y otras que defienden al abusador. “Hay personas que son verdaderas mierdas y acompañan a los abusadores por misoginia, por interés, porque hay una red profesional alrededor de patrocinar y proteger a los abusadores”, afirmó. Añadió que algunos defienden al presunto abusador por “negación” ante la imposibilidad de creer que alguien conocido pueda cometer un delito grave.
Corín también se refirió al desmantelamiento de políticas públicas bajo el actual gobierno, al que calificó como “fascista” y “deshumanización de quienes creen que son su oposición”. Mencionó el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del Programa Patrocinar, que brindaba patrocinio jurídico gratuito. “No solo nos dejan sin acceso a denunciar o al acompañamiento del Estado para garantizar un derecho, sino que aparte operan en una batalla ideológica para sostener la decisión política de dejarnos sin Estado”, sostuvo.
Finalmente, Corín subrayó la necesidad de “volver a lugares de encuentro donde sepamos con quién estamos hablando, donde podamos tener emoción frente a lo que a la otra persona le pase y compromiso con lo que decimos”. “Necesitamos es parar un poquito la pelota y volver a construir con otros”, concluyó.