El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, propone eliminar los octógonos negros y las restricciones asociadas. El Gobierno argumenta limitaciones técnicas y económicas en su aplicación.
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa ingresó este sábado al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
El texto oficial sostiene que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total.
Puntos principales del proyecto
Derogación total: El proyecto establece la derogación de la Ley N° 27.642 en su totalidad, que entraría en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Incluye la eliminación de los octógonos negros de advertencia y las restricciones sobre publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en envases.
Críticas al sistema “binario”: El Gobierno señaló que el modelo actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias diferentes sin considerar porciones reales ni densidad nutricional. Según el Ejecutivo, esto genera situaciones donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, provocando “interpretaciones simplificadas o poco precisas” y confusión en el consumidor.
Falta de incentivos para la industria: La Casa Rosada argumentó que la estructura binaria (contiene o no contiene la advertencia) no premia las mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de los productos dentro de una misma categoría.
Asimetrías en el Mercosur y perjuicios a PyMEs: El mensaje al Parlamento advierte que la falta de armonización regional en el rotulado frontal genera trabas operativas en el Mercosur, obligando a fabricar envases diferenciados. Esto afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que enfrentan costos fijos de cumplimiento más elevados, lo que podría incentivar la concentración del mercado.
Rigidez normativa: Se cuestiona que aspectos metodológicos y técnicos hayan sido incluidos en el cuerpo de la ley, lo que impide adaptarse ágilmente a nuevos consensos científicos internacionales o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
Garantía de la información tradicional: El Ejecutivo aclaró que la medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC N° 44/03 y 46/03), complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.
Con el envío, el Gobierno solicitó al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como “técnicamente más consistente, uniforme y adaptable”.