El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Ejecutivo, modifica las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros y otras normativas vinculadas a expropiaciones, manejo del fuego y desalojos.
El Senado trata este jueves el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, presentado por el Ejecutivo el 27 de marzo y que tiene a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, como mentor ideológico. El texto avanza sobre varios aspectos. Uno de ellos es el quite de las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. También modifica las leyes de expropiaciones, fuegos y la regularización dominial para la integración sociourbana. Por último, favorece los desalojos express.
En particular, los cambios o derogaciones de leyes clave como la de Tierras Rurales y de Manejo del Fuego facilitan la expansión de la industria extractivista y la mayor presencia de capital extranjero en la propiedad de la tierra. Esto último, incluso, en regiones de frontera que hacen a la seguridad nacional y tienen un carácter estratégico.
El Observatorio de Tierras sobre la extranjerización en Argentina presentó una actualización del mapa interactivo originalmente elaborado a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). Lo ampliaron con nuevas capas de datos públicos y permite analizar de manera integral la relación entre la propiedad y otros procesos territoriales.
El dato relevante es que la superficie del territorio argentino en manos extranjeras es hoy del 4.97%. En valores absolutos, son 13.243.219 hectáreas. Para dimensionarlo, equivale, casi exactamente, a la extensión de la provincia de Santa Fe, que es de 13.310.410 hectáreas. Si la comparación es con la provincia más chica, Tucumán (2.252.400 hectáreas), los capitales foráneos suman una superficie que equivale a casi seis veces la de esa provincia.
El mapa permite indagar provincia por provincia y hasta por cada departamento. Santa Fe, por ejemplo, tiene el 1.41% de su territorio en manos extranjeras, o 219.814 hectáreas. Casi el total está concentrado en el departamento Garay, con el 15.73% de su extensión bajo propiedad de capitales extranjeros. Son 61.630 hectáreas, equivalentes a 3.44 veces la superficie urbana de la ciudad de Rosario.
El alto porcentaje de territorio en manos de personas o empresas del exterior compromete la defensa y soberanía nacionales al incluir zonas de frontera y el control de espacios estratégicos como cuerpos de agua y vías de acceso. Además, dificulta el diseño de políticas públicas por la concentración de recursos vitales para el desarrollo nacional que se encuentran dentro de los territorios enajenados. Por otra parte, la dificultad de intervenir en esas zonas torna complicada la resolución de conflictos socioambientales y territoriales entre poblaciones locales y comunidades indígenas preexistentes con derechos y formas de vida amenazadas por emprendimientos mayormente extractivos y barreras geográficas apoyadas en la propiedad privada.
Como ejemplo de lo que puede agravar el proyecto de ley, en el departamento de San Carlos de Salta, alrededor del 60% de la superficie rural se encuentra en manos extranjeras. En este territorio se localiza una zona con glaciares de escombros, fundamentales para la regulación de las cuencas hídricas de los valles intermontanos. Allí hay cuatro proyectos mineros previstos y la presencia de dos comunidades indígenas con el relevamiento culminado (y cuatro más cuyos trámites de relevamiento no fueron terminados al momento de derogación de la ley 26.160).
El departamento de Cushamen en Chubut es otro caso paradigmático. Allí se dio uno de los focos de los incendios forestales recientes y cuenta con más de 370 mil hectáreas en manos extranjeras, particularmente de capitales italianos. Su origen proviene fundamentalmente de la familia Benetton, a través de la compañía de Tierras Sud Argentino. Esas posesiones superan ampliamente el máximo establecido por la actual Ley de Tierras. Cushamen posee más de 13 mil hectáreas de glaciares, y allí hay cuatro proyectos mineros en actividad (de turba y arena) en una región donde viven decenas de comunidades indígenas.