La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó cambios al proyecto que regula la actividad de los cuidacoches, enfocando las sanciones en casos de intimidación y extorsión, e incorporando medidas de inclusión social. El texto vuelve al Senado para su revisión.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves en general el proyecto de ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia, pero introdujo modificaciones al texto original. Los cambios principales refieren a las sanciones, que ahora se aplican solo a quienes exijan de modo intimidatorio un pago o integren organizaciones con prácticas extorsivas. Además, se incorporaron acciones de prevención e inclusión social.
El proyecto modifica el Código de Convivencia de Santa Fe. Establece sanciones para quienes, sin autorización de la autoridad competente y cuando esté prohibido por normativa local, “exigiera, impusiera, o requiriera de modo intimidatorio el pago de una suma de dinero, beneficio o retribución económica” por gestionar el estacionamiento de vehículos o para cuidar o limpiar los rodados.
El presidente de la Comisión de Seguridad de Diputados, Martín Rosúa, afirmó que el objetivo de la norma es ordenar el uso del espacio público y fijar sanciones para quienes ejerzan intimidaciones para exigir dinero. Rosúa explicó que la iniciativa establece una contravención provincial y sanciones, y transfiere a los municipios la potestad de definir las ordenanzas para su implementación. Sostuvo que la nueva redacción “diseña una alternativa legislativa razonable” que ataca centralmente “las conductas abusivas”.
El texto modificado tiene 8 artículos y uno de forma. El artículo 5 señala: “El Poder Ejecutivo implementará acciones de prevención e inclusión social que incluirán capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otros, priorizando la articulación con los gobiernos locales”. El artículo siguiente insta a los municipios a contribuir en esas acciones.
Las sanciones punitivas fijan la prohibición de concurrencia por un máximo de hasta 60 días al lugar donde se hubiera producido el abuso o la extorsión. Ese plazo puede extenderse a 120 días si ocurre en zonas de estacionamiento tarifado o medido, en inmediaciones de eventos públicos masivos, o ante el aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad o discapacidad de la víctima. Las sanciones pueden ser reemplazadas por trabajo comunitario. Se establece una pena con arresto de hasta 10 días para quienes actúen como organizadores o coordinadores de la actividad con modalidad intimidatoria.
El texto aprobado en Diputados morigera el proyecto original impulsado por el senador por Rosario, Ciro Seisas, que establecía la prohibición en todos los casos. La diputada del socialismo Lionella Cattalini expuso: “Hay personas que están en extrema situación de vulnerabilidad y hay otros que ejercen esta actividad con violencia”. También remarcó que el control del espacio público “es un tema estrictamente municipal” y que “la respuesta del Estado frente a la violencia no puede estar supeditada a una ordenanza, sino que es un tema de la provincia”.
El proyecto ahora vuelve al Senado, que le había dado media sanción a la redacción original, para debatir las correcciones.