La iniciativa propone garantizar el acceso a repuestos, manuales técnicos y prohibir barreras de software que acorten la vida útil de productos electrónicos y electrodomésticos.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone establecer un Régimen del Derecho a Reparar y contra la Obsolescencia Programada (LEDER). La iniciativa, impulsada por la diputada Marcela Pagano, busca reconocer legalmente el derecho de los consumidores a reparar los bienes que poseen y limitar prácticas que reducen artificialmente su vida útil.
La obsolescencia programada consiste en diseñar o fabricar productos con una vida útil deliberadamente limitada o con características que dificultan su reparación. Puede manifestarse a través de actualizaciones de software que degradan el rendimiento, la imposibilidad de acceder a piezas de repuesto, componentes sellados o sistemas electrónicos que bloquean el funcionamiento con piezas no autorizadas.
El proyecto establece que fabricantes e importadores deberán garantizar la disponibilidad de repuestos durante un plazo mínimo posterior a la discontinuación de cada producto. Para electrodomésticos de línea blanca, ese período no podrá ser inferior a diez años. También deberán facilitar manuales de reparación, esquemas técnicos, códigos de error y herramientas de diagnóstico en español y formato digital.
Uno de los puntos centrales es la prohibición expresa de barreras a la reparación, como bloqueos de software, sistemas de emparejamiento de componentes o mecanismos que impidan instalar repuestos compatibles o restaurar el funcionamiento de un equipo luego de una reparación legítima.
En materia de software, el texto propone que las actualizaciones no puedan reducir las prestaciones ni afectar deliberadamente el rendimiento de los equipos, y reconoce el derecho de los usuarios a acceder a funciones de diagnóstico y calibración. Asimismo, prohíbe utilizar sistemas de inteligencia artificial para degradar intencionalmente el funcionamiento de un producto o restringir artificialmente su posibilidad de reparación.
La iniciativa prevé la creación de un índice de reparabilidad que debería exhibirse en determinadas categorías de productos. Ese indicador informaría sobre la facilidad para desmontar el equipo, la disponibilidad y el costo de los repuestos, el acceso a documentación técnica, la complejidad de las reparaciones y la vida útil estimada.
No es la primera vez que este tema llega al Congreso. Durante los últimos años fueron presentados distintos proyectos con similares objetivos, pero todos perdieron estado parlamentario antes de llegar al recinto. Actualmente, la protección de los consumidores se encuentra regulada principalmente por la Ley de Defensa del Consumidor, que reconoce garantías y responsabilidades de fabricantes y vendedores, pero no contempla un régimen integral sobre reparabilidad ni prohíbe expresamente la obsolescencia programada.
En el ámbito internacional, la Unión Europea aprobó normas que obligan a los fabricantes a garantizar la disponibilidad de repuestos y facilitar información técnica. Francia exige desde 2021 un índice de reparabilidad en celulares, computadoras, televisores y lavarropas. Estados Unidos avanzó mediante leyes estatales en California, Nueva York, Minnesota y Colorado, que obligan a suministrar repuestos, herramientas y documentación técnica. Experiencias similares existen en Canadá y el Reino Unido.
La discusión sobre el derecho a reparar excede el interés individual. Sus defensores sostienen que prolongar la vida útil de los bienes reduce el volumen de residuos, disminuye la extracción de materias primas, genera empleo en talleres de reparación y favorece la fabricación nacional de repuestos. En sentido contrario, se advierte que una regulación demasiado amplia podría incrementar costos, afectar la protección de la propiedad intelectual y generar riesgos vinculados con la seguridad o el funcionamiento de equipos reparados fuera de la red oficial.