Organizaciones sociales, sindicales, científicas, ambientales y vecinales convocan para este jueves 6 de agosto a una jornada de protesta en Rosario y en todo el país, en coincidencia con el tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley que modificaría los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Organizaciones sociales, sindicales, científicas, ambientales y vecinales convocan para este jueves 6 de agosto a una jornada de protesta en rechazo del proyecto de ley que modificaría los límites a la venta de tierras a extranjeros. En Rosario, la actividad comenzará a las 12 con una radio abierta, muestra soberana y banderazo en Plaza San Martín; a las 17 habrá una concentración en el mismo lugar y a las 18 partirá la marcha hacia el Monumento Nacional a la Bandera.
La movilización se replicará en distintos puntos del país, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Congreso de la Nación. Los organizadores solicitan que los tres senadores por Santa Fe voten en contra de la iniciativa.
Luciano Orellano, dirigente del Foro por la Recuperación del Paraná y del Encuentro Federal por la Soberanía, afirmó que el proyecto, pese a su denominación, habilitaría la venta del 100% del territorio argentino a extranjeros, eliminando el tope del 15% vigente en la ley actual.
Orellano señaló que la Argentina tiene un 25% de su territorio bajo ocupación colonial en Malvinas y que unas 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras. En Santa Fe, indicó que hay cerca de 250.000 hectáreas extranjerizadas, cifra que roza los límites legales vigentes.
El dirigente sostuvo que el proyecto no solo afecta la tierra firme, sino también los espejos de agua, como ríos, lagunas, humedales y glaciares. Citó como antecedente el caso del magnate británico Joseph Lewis, que adquirió unas 70.000 hectáreas y un lago completo en la Patagonia, y el caso de La Rioja, donde la venta de tierras a un privado generó rechazo popular.
Según Orellano, el argumento de otorgar mayor autonomía a las provincias para vender tierras implicaría un riesgo institucional, ya que una provincia podría vender territorio a un país extranjero mientras otra se niega, lo que podría derivar en un cuadro de secesión dentro del territorio nacional.
El referente vinculó la iniciativa con un contexto internacional de disputas territoriales, mencionando las tensiones en torno a Ceuta y las declaraciones expansionistas de Donald Trump sobre Groenlandia, y con un proceso de desfinanciamiento de organismos científicos nacionales como el INTA, el INTI y la CONEA, que a su entender debilita la capacidad del Estado para sostener su soberanía sobre los recursos naturales.
Orellano remarcó que la ley pondría en riesgo zonas estratégicas y fronterizas, con implicancias en materia de defensa nacional, y que no existen antecedentes de un país soberano que elimine todo límite a la propiedad extranjera de su territorio.