Representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Federación Industrial de Santa Fe y una contadora de Sunchales presentaron diagnósticos y propuestas ante senadores nacionales en una jornada sobre el desarrollo productivo.
Distintos sectores productivos del país se reunieron en el Senado de la Nación para debatir sobre el estado de la producción nacional y proyectar soluciones a mediano plazo. La jornada, titulada “Una agenda para el desarrollo nacional. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir?”, fue encabezada por los senadores Jorge Capitanich y Marcelo Lewandowski, y contó con la participación de cámaras empresarias, productores, industriales y especialistas de diversas regiones.
Al inicio del encuentro, Lewandowski describió un cambio en el enfoque de la discusión: “En algún momento propusimos para crecer; hoy tenemos la sensación que estamos actuando como bomberos”, dijo.
Diagnóstico de la agroindustria
El equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) presentó el primer diagnóstico. Bruno Ferrari, jefe del departamento de Estudios Económicos, señaló que la agroindustria representa alrededor del 20% del valor agregado bruto, de la recaudación y del empleo privado directo e indirecto, con unos 3,9 millones de puestos de trabajo. En 2025, agregó, el sector exportó por unos US$ 51.000 millones, equivalentes a aproximadamente el 59% de las ventas externas argentinas de bienes.
Emilse Terré, economista jefe de la BCR, indicó que en el área entre Timbúes y Arroyo Seco existen 30 terminales portuarias, 18 dedicadas a productos agroindustriales, y que el 80% de la capacidad argentina para procesar oleaginosas está radicada en el Gran Rosario. “Cuando sumamos granos, harinas y aceites, no hay ningún otro nodo portuario en todo el mundo que exporte tanto volumen como el Gran Rosario”, afirmó.
Terré advirtió que, mientras Brasil, Estados Unidos y China ampliaron su capacidad de procesamiento de soja en la última década, la Argentina quedó “virtualmente estancada”. Los representantes de la BCR estimaron que, con reducción de retenciones, mejoras logísticas y cierre de la brecha tecnológica, la producción de granos podría crecer en casi 90 millones de toneladas en una década, lo que permitiría exportar alrededor de 65 millones de toneladas adicionales y sumar unos US$ 18.000 millones en ventas externas a precios actuales.
La situación industrial
Mariano Ferrazini, tesorero de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), presentó datos sobre la actividad industrial provincial. Según sus cifras, la producción industrial santafesina registró en el último mes relevado una baja interanual del 1,3%, acumula una caída superior al 4% en el año y se encuentra diez puntos por debajo de los niveles de 2022. “El 71% de las ramas industriales de la provincia de Santa Fe caen”, afirmó.
La maquinaria agropecuaria retrocede 24,6% interanual y la actividad metalúrgica cae 18%. Ferrazini sostuvo que esos porcentajes “generan destrucción de puestos de trabajo y destrucción de agregado de valor”. Recordó que Santa Fe explica cerca del 10% de la producción industrial argentina y describió una crisis simultánea de oferta y demanda, con altos impuestos, tarifas elevadas, financiamiento encarecido y competencia debilitada frente a las importaciones, junto a un mercado interno debilitado.
Ferrazini señaló que los servicios acumularon incrementos superiores a los precios que la industria pudo trasladar a sus productos, con aumentos estacionales que en algunos casos llegaron hasta el 500%. Citó a Villa Constitución como ejemplo, con 10,4% de desocupación y una tasa de empleo de 39,2%.
La carga tributaria
María José Daró, contadora especializada en tributación e integrante de la Comisión de Empresarios Industriales de Sunchales, planteó que la discusión tributaria se convirtió en una discusión financiera. “Las pymes y las empresas industriales no queremos más planes de pago, no queremos más moratorias”, advirtió, y agregó: “Queremos trabajar cada día nuestro capital de trabajo, el nuestro”.
Citó el caso de una firma exportadora que paga IVA durante su proceso productivo y tiene derecho a recuperar esos fondos una vez concretada la exportación, pero las devoluciones pueden demorarse entre seis meses y un año, lo que la obliga a buscar crédito para financiar materias primas, salarios o nueva producción. “Cuando una devolución de capital demora entre seis meses y un año, la discusión deja de ser tributaria, pasa a ser puramente financiera”, sintetizó.
Daró respaldó la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales promovida por los senadores, con una salvedad: “Necesitamos esta medida de emergencia hoy, pero en verdad no queremos volver a pedirla mañana”.
Caso Coronda y cierre
Lewandowski aportó un ejemplo local: días atrás había estado en Coronda, capital nacional de la frutilla, y comparó que en 2006 los productores exportaban a 85 centavos de dólar por kilo, mientras que hoy el costo de producirlo duplica esa cifra. “Hoy hacen unas frutillas espectaculares, pero no hay mercado interno que las pueda consumir”, señaló.
El proyecto impulsado plantea suspender las ejecuciones fiscales, levantar embargos y facilitar la regularización de deudas. Lewandowski sostuvo: “Si acá no hay valor agregado, si no crecen nuestras producciones regionales, si no crecen nuestras pymes, si no tenemos mano de obra calificada, no salimos más”.
Finalmente, se solicitó que las exposiciones sean remitidas a los legisladores integrantes de las dos comisiones, con el compromiso de hacerlas circular y convocar nuevamente a los sectores productivos en futuras discusiones legislativas.