Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha establecida en 1981 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y reconocida por la ONU en 2010.
Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La fecha fue establecida en 1981 durante el Primer Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), realizado en Costa Rica.
En ese momento, gran parte de América del Sur y Central estaba bajo dictaduras cívico-militares que utilizaban la desaparición sistemática de personas como herramienta de terrorismo de Estado. Las Madres, Abuelas y familiares, enfrentándose al silencio y la complicidad, fijaron el 30 de agosto como jornada de denuncia para visibilizar lo que los gobiernos de facto intentaban ocultar.
El reclamo de FEDEFAM trascendió fronteras y décadas. En diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas mediante la resolución 65/209.
Desde Naciones Unidas se advierte que la desaparición forzada ya no es exclusiva de las dictaduras militares latinoamericanas del pasado. Hoy se utiliza en situaciones de conflicto interno y como método de represión en múltiples países, generando un clima de terror que afecta no solo a la víctima, sino a sus familias y a la comunidad entera.
América Latina engloba 6 de los 10 países con mayor cantidad de desapariciones forzadas entre 1980 y 2020, según el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Argentina, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia y Chile figuran junto con Irak, Sri Lanka, Argelia y Pakistán.
Qué es la desaparición forzada
La ONU define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En América Latina, la mayor parte de las desapariciones forzadas ocurrieron durante dictaduras militares, aunque en Perú y México los números también fueron relevantes en periodos democráticos. Amnistía Internacional estima que entre 1966 y 1986 sucedieron en México, El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia y Haití más de 90 mil desapariciones forzadas.
Plan Cóndor
El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) destaca que la región sigue procesando los horrores del terrorismo de Estado, especialmente al cumplirse 50 años de la articulación del Plan Cóndor, la red de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
La desaparición forzada es un delito continuo: no cesa hasta que el Estado determina el paradero de la víctima, restituye su identidad y esclarece los hechos.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el Plan Cóndor fue una red de coordinación represiva transnacional formalizada en 1975 para estandarizar el terrorismo de Estado en la región, compartiendo inteligencia, recursos y logística para perseguir, secuestrar y aniquilar opositores. La red estuvo conformada originalmente por los regímenes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia; luego se sumaron Brasil, Perú y Ecuador.
Equipo Argentino de Antropología Forense
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización no gubernamental que trabaja desde 1984 en recuperar e identificar los restos de personas desaparecidas en contextos de violencia, combinando distintas disciplinas científicas. Nació en Argentina y se convirtió en una organización de renombre mundial, convocada por distintos países que padecieron o padecen este tipo de situaciones.