La Cámara de Senadores aprobó las reformas de Diputados y la norma queda a la espera de promulgación del Poder Ejecutivo. La ley establece penas de hasta 20 días de prisión para reincidentes.
La Cámara de Senadores completó la sanción de la ley que prohíbe la actividad de los cuidadores informales de vehículos, conocidos como «trapitos», en la provincia de Santa Fe. La norma, impulsada por el senador Ciro Seisas (Rosario), solo resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
El texto había obtenido media sanción en el Senado el 19 de marzo pasado. Luego pasó a la Cámara de Diputados, donde se aprobaron modificaciones por simple mayoría. Desde principios de junio se renovaron preferencias hasta la sesión de este jueves 17 de septiembre, cuando la Cámara alta aceptó los cambios y quedó definitivamente sancionada.
La ley prohíbe el cuidado informal de vehículos y tipifica castigos que, en caso de reincidencia, contemplan prisión de hasta 20 días.
Al fundamentar la iniciativa, Seisas declaró: «Este es un proyecto que partió de una convicción profunda: en el Estado de Derecho, en el régimen democrático y para un gobierno democrático, el espacio público es sagrado».
El senador sostuvo que el objetivo es dejar de abordar la problemática mediante soluciones parciales y brindar a las ciudades herramientas para que establezcan regulaciones acordes con sus propias realidades y necesidades, en el marco de sus procesos de autonomía.
«Vamos a dejar de poner parches sobre el tema y le vamos a dar la oportunidad a las ciudades de que lo moldeen acorde a las realidades y necesidades de cada una, respetando su proceso de autonomía», expresó.
En otras oportunidades, el legislador advirtió sobre discursos que pretenden la «romantización de la marginalidad» y subrayó que «te cuido el coche» no puede ser considerado un trabajo.
«La ley que hoy aprobamos trata de establecer quién manda en la calle, porque la ausencia de reglas nunca es neutral. O mandan los ciudadanos o mandan los violentos», afirmó luego de describir casos en los que los automovilistas, bajo coerción, deben pagar para estacionar o parar en un semáforo.
El debate en ambas cámaras mostró diferencias internas en el oficialismo y una preocupación del gobierno provincial por no recargar el trabajo policial. La Cámara de Diputados limó los aspectos considerados más «punitivistas» y creó una suerte de «fuero sobre cuidacoches» para los jueces y fiscales que deberían ocuparse de la cuestión.
Durante junio hubo críticas de la Iglesia Católica y del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. A esos reparos se sumaron los formulados por la Casa Gris, que no quiere distraer recursos humanos en seguridad sobre el tema.
La sanción definitiva fue vinculada en las negociaciones con otro asunto relevante para Rosario: una reforma para acortar plazos y agilizar los reclamos ante el Estado en el fuero contencioso administrativo. Ambos temas fueron objeto de una extensa negociación interna dentro de Unidos.
La semana próxima sesionará Diputados, que logró imponer en el tema cuidacoches su propia versión de consenso entre radicales y socialistas. En ese cuerpo se encuentra además el tema de los eventuales juicios contra el Estado.