El Ministerio de Economía de Santa Fe analiza las partidas del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, que incluye fondos para obras viales, plantas potabilizadoras y compensaciones previsionales. La provincia mantiene negociaciones con la Nación y observa la evolución de los pagos de ANSES.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027, denominado ‘Estimación de ingresos y autorización de gastos’, establece un marco de acción para el país. La hoja de ruta tiene como base el ancla fiscal en la pelea por la inflación y como desafío la actividad económica y la recaudación, en un año electoral.
Santa Fe mira el presupuesto nacional con prudencia estratégica y sin confrontar. No hay señales de que Nación quiera transferir el gasto por discapacidad. En el Ministerio de Economía de la provincia miran de cerca las partidas para pagar a provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. La plata que hay no alcanza, pero hay negociaciones abiertas.
Las autoridades proyectan alcanzar el cuarto año consecutivo de superávit fiscal primario. Entre las principales variables macroeconómicas estimadas por el equipo de Luis Caputo destacan el crecimiento del PBI del 3% (un punto menos en el promedio privado); la inflación al 18% anual y el tipo de cambio (dólar comercial promedio de $1.728) a una cotización de $1.847 para fines de 2027.
Esta pauta contempla un avance del tipo de cambio oficial cercano al 15% anual, determinado por la brecha entre la inflación doméstica estimada (18%) y la inflación internacional proyectada en torno al 3%.
La pauta oficial anticipa un crecimiento de la inversión del 9,2%, un incremento de las exportaciones del 8,5% (impulsado por el agro y el sector energético) y un leve aumento del gasto público al 15,5% del PBI por la actualización de partidas sociales indexadas.
Santa Fe y el rol de los gobernadores
Gisela Scaglia -que consulta cada paso con el gobernador- ha anticipado que votará por la suspensión de las PASO y dejó en claro que no avala una reedición de Cambiemos como propone Ernesto Sanz. Maximiliano Pullaro se reunió con gobernadores cercanos y marca diferencias con Kicillof; también mantiene el discurso de provincia productivista y negociaciones con el jefe de Gabinete de la Nación.
En la Casa Gris hoy no acusan recibo de que Diego Santilli esté promoviendo trasladar las políticas de discapacidad a las provincias, como se especuló en las últimas horas por el recorte presupuestario a un área sensible para la política parlamentaria nacional.
La desindexación de la AUH es otro de los tópicos que sumó ruido incluso dentro de las filas de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich se quejó por el entorpecimiento de gestiones para lograr objetivos como la nueva carta orgánica del BCRA, además del propio presupuesto. Todo es parte de una negociación que tiene dimensiones que no se ven a la luz del día.
Lo que Nación ‘concede’
Por ahora desde el Ministerio de Economía de Santa Fe lo que observan es que las partidas de coparticipación tienen pautas por encima de la inflación. No es menor en un presupuesto que tiene 70% de su gasto primario sin alternativas discrecionales, entre ellas la distribución primaria de fondos a las provincias o las jubilaciones y -al menos hasta aquí- la AUH.
El texto remitido al Congreso contempla además $27.454 millones para la continuidad de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, que lleva adelante la provincia pero con fondos nacionales.
También se incluyen partidas para conservación de la Ruta Nacional N° 11, tramo Rosario (empalme RN A008) – Santa Fe (empalme RN A012); conservación RN 33, tramo empalme R.N A008 con avenida de Circunvalación de Rosario; reciclado y bacheo RN 178 desde empalme RN 33 por unos 21 km y RN 11, tramo: Las Garzas – Las Toscas, incluyendo conservación mejorativa del puente sobre arroyo El Ceibalito.
La ‘tradicional planilla de la felicidad’ (promesas tradicionales de la política, de las que solo el tiempo revela su integridad) se completa con la construcción de terceros carriles cercanías de Rosario por la autopista a Buenos Aires, desde la circunvalación hasta la A012. En total, por obras viales hay 156,6 mil millones prometidos a Santa Fe en 2027, para obras ‘plurianuales’.
Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Pablo Olivares, lo que siguen con atención es la partida de ANSES por 503 mil millones para pagar a provincias que no transfirieron sus cajas. La cifra no alcanza, pero es parte de lo que la administración Pullaro ya negoció con la Nación. ‘De acá a diciembre hay un proceso de diálogo’, confiaron altas fuentes a El Litoral.
En Economía siguen de cerca la evolución de ese diálogo. Pablo Olivares detalló días atrás que ANSES le pagó a Santa Fe $10 mil de los $120 mil millones comprometidos por Nación por la provisoria compensación previsional 2026, pero que los otros $110.000 millones restantes serían compensados como devolución de un anticipo de coparticipación recibido por la Casa Gris.
Para Santa Fe es relevante además que en el texto del proyecto de ley nacional están incorporados los avales para préstamos inminentes, entre ellos el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, que aprobó un préstamo de US$65 millones para financiar el Bloque D del Acueducto Biprovincial entre Santa Fe y Córdoba.
La economía interna
Un pilar de la estrategia oficial para movilizar la economía sin recurrir a la emisión monetaria reside en la flexibilización del crédito en moneda extranjera para personas jurídicas. Según el Secretario de Finanzas, Federico Furiase, la masa de depósitos en dólares en el sistema bancario creció de forma significativa, pasando de la zona de US$23.000 millones a US$40.000 millones.
Pero hay tres veces esa cifra ‘bajo los colchones’. Y esa es la premura de Inocencia Fiscal II que por estas horas abordó el Senado. De todas maneras las entidades financieras prestan actualmente solo el 60% de esos depósitos en dólares.
La flexibilización impulsada por el Gobierno permite elevar la capacidad prestable de los bancos hasta un 75% de sus depósitos en divisas, manteniendo las exigencias macroprudenciales de liquidez, solvencia y exposición al sector público.
Este esquema busca liberar un potencial de hasta US$6.000 millones en créditos destinados exclusivamente a empresas (personas jurídicas), con especial foco en la construcción y los desarrollos inmobiliarios, de alto impacto exponencial en el mercado interno.
La canalización de financiamiento a los desarrolladores apunta a dinamizar la oferta de la construcción, generar mano de obra con alto impacto en el empleo y mejorar los rendimientos de los ahorristas que colocan sus divisas en los bancos.
Siempre en la concepción oficial, esta medida se inserta en el esquema de competencia de monedas y dolarización endógena promoviendo el circuito del dólar mientras la cantidad de pesos se mantiene acotada para bajar la inflación.
Para acompañar la demanda habitacional, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) prevé licitar plazos fijos de largo plazo (1 a 3 años) a los bancos, proveyendo el fondeo necesario para financiar la oferta de créditos hipotecarios.
El problema de la inversión
Aunque tenga fortaleza argumental técnica, para muchos argentinos que padecen la agonía del fin de mes, es contrafáctico el argumento oficial de que las prudencias macro evitaron un impacto mayor de la suba de tasas en Estados Unidos o la suba del petróleo por la guerra en Ormuz.
Frente a presupuestos previos que proyectaban desvíos marcados respecto a las consultoras privadas, las proyecciones de inflación (18% oficial vs. 20% según el mercado, según el relevamiento del BCRA) y el tipo de cambio ($1.847 a fin de año) muestran un alineamiento más estrecho con la visión de los analistas.
Pero el escepticismo viene por el lado de la inversión. Aunque el proyecto de ley estimó un crecimiento de la inversión del 9,2%, economistas como Santiago Bulat señalan que los economistas observan esta cifra con cautela.
El 2027 será un año electoral, un factor que históricamente genera volatilidad e incentiva la dolarización de carteras en detrimento de la inversión productiva. A esto se suma que cerca del 90% de los incentivos del RIGI se concentran en minería y energía, restando impacto directo al resto del entramado industrial.