Un grupo de personas travestis y trans impulsa una acción judicial ante la falta de convocatorias para cubrir vacantes en el Estado provincial desde 2023. La Ley 13.902 fue sancionada en 2019 y establece la contratación del 5% de las personas que hayan realizado la rectificación registral.
Un grupo de personas travestis y trans prepara un amparo colectivo para exigir al Estado provincial que cumpla con la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans (13.902), sancionada por la Legislatura de Santa Fe el 30 de octubre de 2019. La última convocatoria para integrar la nómina de trabajadores estatales se abrió en 2021, durante el gobierno de Omar Perotti, y tras un proceso de selección fueron contratadas 20 personas. A partir de 2023, con el cambio de signo político en la provincia, no hubo ningún llamado oficial para sumarse al registro de aspirantes destinado a cubrir vacantes en ese ámbito.
“Se agotó la instancia administrativa, ahora vamos a la Justicia”, expresó a El Ciudadano Sandra Gabriela Sánchez, activista travesti independiente que se encuentra al frente de la iniciativa en Rosario. “La mayoría de las travestis estamos sin trabajo, y es bastante difícil que te tomen en una empresa. Hoy, el tema trabajo, vivienda y salud mental son los tres grandes problemas que tenemos y ni la provincia ni la municipalidad se encargan de eso”.
Fuentes oficiales, en off, aseguraron que desde que Maximiliano Pullaro llegó a la gobernación se incorporaron al menos 10 personas del colectivo trans, aunque se desconocen los criterios de selección y la modalidad de contratación.
El discurso que el presidente Javier Milei pronunció en el Foro Económico de Davos, el 23 de enero de 2025, expuso la aversión que el gobierno libertario mantiene hacia esta agenda al intentar asociar a la comunidad LGTBIQ+ con delitos sexuales y ha condicionado notablemente a los gobiernos provinciales.
La demanda colectiva, que aún se encuentra en etapa de organización, cuenta con el aval de organizaciones de Rafaela, Santa Fe, Ceres y San Justo. Sánchez aclaró que, incluso si se logra una sentencia favorable, eso no significa que automáticamente el Estado vaya a cumplir con esa obligación, y puso como ejemplo el caso de la Ley de Financiamiento Universitario que, pese a las reiteradas advertencias de la Justicia, el gobierno nacional se niega a cumplir.
“El gobierno estuvo muy ocupado en reformar la Constitución de la provincia, pero de cumplir con las leyes que ya fueron sancionadas por la Legislatura, bien gracias”, advirtió.
Sánchez aseguró que las condiciones de vida de la población LGTBIQ+ se deterioraron significativamente durante la última década, especialmente desde que Mauricio Macri ganó las elecciones en noviembre de 2015. “Hace por lo menos 10 años que no accedo a un trabajo formal”, expresó.
“Yo vivo en un primer piso y las chicas me golpean la ventana porque están laburando hasta muy tarde, con frío, con hambre, así que la mayoría de las veces las hago pasar para que duerman un rato en mi casa”.
Además, la activista es particularmente crítica de las últimas dos gestiones provinciales y cuestiona cierta tendencia al asistencialismo y la falta de políticas públicas reales.
“Siempre hay alguien que te da una mano, mi familia siempre me ayuda, pero no es lo que le pasa a la mayoría de las chicas. A veces recibimos alguna asistencia económica del Estado, dos chapas, algún módulo alimenticio, pero la verdad es que es muy poco. Los últimos dos gobiernos en la provincia no han tenido políticas públicas reales para nosotras”, manifestó.
Otra narrativa sobre el Estado y la población trans
La abogada santafesina Ana Laura Mansilla analizó la implementación de la Ley de Cupo Laboral Trans durante el período 2019-2023, en el marco de un trabajo de tesis para una maestría de FLACSO.
La investigadora descubrió que hubo problemas con el mecanismo de ingreso porque no se creó un número fijo de puestos laborales, sino que se elaboró una bolsa de perfiles con quienes habían llegado a la etapa de entrevista, que posteriormente fueron enviados a los ministerios.
Esto condicionó el ingreso a la disposición política de cada cartera para contratar y al presupuesto disponible. La ley establece la contratación del 5% de las personas que hayan realizado la rectificación registral.
Por otra parte, Mansilla entrevistó a 13 de las 20 personas que ingresaron a trabajar en el Estado y encontró diversos problemas durante el proceso de selección: la mayoría atravesó el proceso en soledad y no accedió a la capacitación prevista porque no sabía que existía.
También hubo entrevistas que se vieron frustradas porque las candidatas no podían ser contactadas. A menudo tampoco se cumplía con el protocolo, que preveía la participación de un psicólogo, un representante gremial y un integrante de las organizaciones LGTBIQ+, lo que generó episodios de estrés o ataques de pánico, ya que la mayoría de les postulantes nunca había tenido una entrevista laboral.
Entre las conclusiones más importantes, la abogada señaló que “el cupo no logró producir experiencias de inclusión a gran escala”, aunque destacó que la ley produjo “un giro relevante en la narrativa sobre la relación entre el Estado y la población travesti-trans”, en cuanto al reconocimiento de sus derechos. Pese a los problemas, Mansilla rescata el impacto significativo que tuvo la norma, ya que para la mayoría significó acceder por primera vez a un trabajo formal, con perspectivas de estabilidad.
Las otras deudas
Además de la provincia, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) también mantiene una deuda con el cupo laboral travesti-trans desde 2023, pese al reclamo de las organizaciones LGTBIQ+. En idéntica situación se encuentra la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y al menos 18 localidades de Santa Fe que sancionaron ordenanzas de cupo y solo realizaron uno o dos ingresos desde su aprobación.
La única excepción es la ciudad de Rosario que, gracias al Consejo Consultivo integrado por organizaciones locales, mantiene activos los procesos de convocatoria e ingresos anuales.