La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, postula la elección de candidatos a jueces «sin trampas» y propone un observatorio para conocer el estado de las sentencias en cada juzgado federal. Las elecciones serán el 20 de octubre.
Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, es candidata a integrar el Consejo de la Magistratura por la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, nómina conformada por dirigentes ligadas a entidades gremiales del derecho. Pasó por Santa Fe y Paraná buscando el voto para las elecciones del próximo 20 de octubre.
— ¿Por qué quiere llegar al Consejo de la Magistratura?
— Para representar a los litigantes en serio. Es la primera vez que se presenta una opción de dirigentes colegiados de la litigancia, de abogados litigantes de a pie. No se puede aspirar a representar algo que no se conoce. En nuestra lista, todos son dirigentes colegiales o abogados litigantes que patean tribunales y que saben perfectamente lo que es que te paren un honorario o que te demoren una sentencia.
— Los abogados litigantes, los abogados de a pie, ¿qué necesitan de la justicia?
— Muchas cosas y concretamente de la justicia federal que es por donde pasan los temas más irritantes para la sociedad: corrupción, narcotráfico, trata de personas, contrabando, reajustes de adultos mayores que hoy están teniendo que invertir sus magras jubilaciones en medicamentos de PAMI que el gobierno no autoriza.
En amparos de salud, personas enfermas están esperando hasta tres años un medicamento oncológico. A la abogacía litigante le interesa esto porque es la cara visible de la ciudadanía. Para la ciudadanía le es tan lejano este tema del Consejo de la Magistratura cuando la atraviesa tanto. Ha habido poca información del Consejo porque ha sido algo que han manejado unos pocos.
— ¿Una rosca?
— Sí, claro.
— El Consejo tiene dos tareas claves: selección de candidatos y el juzgamiento de las conductas de los jueces. ¿Qué postula para la selección?
— Primero, una selección sin trampas. No puede ocurrir que una persona que estaba en el número 23 tras la entrevista supere a otra que llegó en los tres o cuatro primeros lugares, no puede ocurrir. Si ocurre debe haber un dictamen fundadísimo de por qué ocurrió, de qué es lo que pasó.
De 20 personas que ingresan en la justicia federal, 19 son por carrera judicial y uno es de la abogacía litigante. Eso pasa por múltiples factores: una Escuela de la Magistratura que no funciona bien, y que el abogado litigante no conoce que existe. Esa Escuela te prepara para acceder a la magistratura, y termina siendo una barrera para la abogacía para ingresar. Lo otro, los antecedentes. El hecho de computar cursos, diplomaturas, maestrías, formaciones de la carrera judicial, algo que los abogados litigantes que trabajamos 24/7, no podemos hacer, no tenemos el tiempo para hacerlo. Debería computarse dentro de los antecedentes los escritos, las demandas, los recursos de casación, que es la producción doctrinaria de la abogacía litigante.
Otro tema es la antigüedad. En la carrera judicial se le computa la antigüedad con puntaje, la abogacía litigante de la matrícula también es antigüedad como operadora esencial del sistema judicial.
Esto ocurre porque no ha existido hasta ahora un estamento de la abogacía que responda verdaderamente a los mismos intereses y que pretenda representar lo que vive todos los días. Han sido abogados disfrazados de litigantes. En nuestra lista somos todos abogados que trabajamos de abogados.
— ¿Cómo imagina la relación entre el Consejo que elabora ternas y las decisiones que adopta el Ejecutivo al mandar pliegos al Senado?
— Este es otro de los temas. Proponemos una representación férrea, una voz del federalismo, nuestra lista es evidentemente federal. Sabemos que no vamos a poder ir a hacer magia, pero sí un sistema de transparencia y de rendición de cuentas, devolver por regiones y por provincias, que son los que nos votan y a quienes tenemos que honrar la confianza. Decir claramente qué pasó en el Consejo con cada pliego enviado que ya no depende del Consejo de la Magistratura pero termina manchando al Consejo de la Magistratura.
Si vamos a empezar a renovar las cosas y pretendemos cambiar, la silla de litigante debe responder a la confianza que la honró y que la puso ahí.
— Y para el juzgamiento, ¿qué proponen?
— La semana pasada se publicó un informe de la Asociación por la Igualdad y por la Justicia en la que señala que solo 1,3% de denuncias que ingresan en el Consejo terminan en sanción, destitución o remoción. En todos los colegios de abogados a los que hemos ido nos han manifestado que han llevado algún proyecto al Consejo de la Magistratura o que han llevado alguna denuncia sobre algún juez federal y no les han contestado ni siquiera el mail. Los canales de comunicación para con la abogacía o para con la representación de la abogacía no han funcionado nunca.
La denuncia sistemática de perforaciones en un juzgado federal de honorarios profesionales, la denuncia sistemática de demoras en una sentencia que muchas veces llega tarde porque el adulto mayor ya murió. La vivo todos los días. Soy abogada previsionalista y me hartó de ver a la familia llegar y decirme: «No llegó, Itatí, se quedó esperando la sentencia». De esto hablamos cuando hablamos de la justicia federal, de eso hablamos cuando el Consejo de la Magistratura nombra a los jueces federales.
Muchos entran a los juzgados, cierran la puerta y pierden total contacto con las personas y con la ciudadanía. Es importante hablar de lo público, de los referentes de la política de cada lugar que la persona que no tiene respuesta por un amparo de salud va a pedirle el medicamento. La persona que está esperando un medicamento oncológico va a ir al juez federal, si no la reciben va al referente comunitario, que es el intendente a pedir el medicamento.
Cuando no funciona la Justicia Federal, que tiene los temas más irritantes y más sensibles para la sociedad, empieza a no funcionar nada. Empiezan los conflictos y se genera una cuestión sociocultural terrible. En eso tiene mucho que ver el Consejo de la Magistratura. La primera puerta que toca la ciudadanía cuando tiene que ir a la justicia es el abogado de confianza.
— Son cuatro los abogados en el Consejo de la Magistratura en un cuerpo 20. ¿Pueden cambiar esto del funcionamiento?
— Hay candidatos de abogados que no son litigantes o que no son parte de la abogacía y que son funcionarios. Cuando no la vivís, cuando no te pasa, es imposible ir a defender los intereses que pretendés defender.
Creo profundamente en que la difusión y la rendición de cuentas de lo que estás haciendo que además expone a los otros. Cada uno responderá por lo que dijo, por lo que prometió y por lo que verdaderamente hizo. Nuestra silla en el Consejo de la Magistratura va a ser una silla que no solamente haga o intente hacerlo, sino que cuando una votación salga en contra, va a salir a exponer y a rendir cuentas. Cada abogado litigante habrá sabido lo que ha votado. Nos tenemos que hacer responsables de quién va a votar para ocupar esa silla.
Hemos propuesto un observatorio federal que mida las demoras de las sentencias en cada juzgado, aplique sanciones y suba temas a la comisión de disciplina, de casos de jueces que sistemáticamente demoran las sentencias y se le muere la gente en el camino. Obviamente, para que tampoco paguen justos por pecadores. Un observatorio federal hace que también los justos y los que hacen las cosas bien tengan la recompensa comunicativa.
La credibilidad de la justicia no puede estar en un subterráneo peor. No tenemos ganas de ser parte de eso, queremos ser la opción. ¿Va a ser un camino en soledad? Nadie dijo que fuera fácil, pero sí poder volver a nuestras provincias, a nuestros lugares y honrar la confianza que nos dieron rindiendo cuentas y con transparencia.