El fiscal regional Matías Merlo revocó el archivo dispuesto por Aquiles Balbis y ordenó reactivar la investigación por presuntas amenazas y extorsiones vinculadas a una deuda por apuestas online.
El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, dispuso revocar el archivo del expediente que había ordenado el fiscal Aquiles Balbis y ordenó reactivar la investigación para esclarecer si el futbolista Jonatan Gómez fue víctima de amenazas y extorsiones vinculadas al pago de una deuda originada en apuestas por internet.
A través de una resolución de ocho fojas, la máxima autoridad de la Fiscalía regional sostuvo que el caso se había cerrado de forma prematura sin agotar las principales medidas probatorias. El fallo respondió a un recurso de apelación presentado por los abogados defensores del exjugador de Rosario Central y Racing Club, actualmente en el plantel profesional de Sarmiento de Junín.
Entre las medidas prioritarias dispuestas por Merlo para profundizar la recolección de evidencias, se destacan la citación a declaración testimonial del propio Gómez, el interrogatorio a la escribana interviniente en la confección de las obligaciones de pago y la entrevista formal a todos los testigos señalados en las actuaciones. Asimismo, el Ministerio Público de la Acusación procurará la recuperación de los registros de conversaciones de WhatsApp mantenidas entre las partes y solicitará informes de trazabilidad a las empresas concesionarias de autopistas y al sistema Telepase para cotejar el desplazamiento de los vehículos de los sospechosos en las fechas clave.
Presiones, traslados forzados y pagarés bajo amenaza
La reconstrucción de los hechos tiene su punto de partida a mediados de 2025, época en la que el mediocampista acumuló saldos deudores en plataformas informales de juego online. De acuerdo con el relato que consta en el expediente, Gómez empezó a recibir mensajes intimidatorios exigiendo la regularización inmediata de los valores adeudados.
La situación escaló el 29 de agosto de 2025, cuando desconocidos lo abordaron e intimidaron a la salida de un entrenamiento de Sarmiento en la ciudad de Junín. El episodio más crítico ocurrió semanas después, en octubre del mismo año, cuando el futbolista afirmó haber sido retenido contra su voluntad en un automóvil y conducido bajo amenazas de muerte hacia una escribanía de esa localidad bonaerense. En dicho establecimiento, asediado por el temor hacia su integridad física y la de su entorno, habría rubricado cuatro pagarés que alcanzaban una cifra cercana a los 500.000 dólares.
Los argumentos del archivo que fueron desestimados
Meses atrás, el fiscal Aquiles Balbis había resuelto archivar las actuaciones al considerar que no existían elementos de convicción suficientes para fundamentar la acusación penal. En su dictamen original, el funcionario señaló inconsistencias temporales, al sostener que dos de los sospechosos no se encontraban en la jurisdicción de Junín el día en que la víctima situó el primer amedrentamiento.
En esa misma línea, las primeras indagaciones sugerían la existencia de una relación de cercanía previa entre el denunciante y uno de los querellados, argumentando además que el jugador habría coordinado de manera deliberada los horarios del encuentro notarial y participado activamente en la negociación del monto demandado.
Sin embargo, tras la revisión del caso, el fiscal regional consideró indispensables las medidas omitidas para corroborar de forma objetiva la versión del futbolista. Con la reapertura formal de la causa, la Fiscalía se abocará a esclarecer las circunstancias reales en las que se suscribieron los documentos de crédito y a determinar la eventual responsabilidad penal de los implicados.