El fiscal Regional Matías Merlo aceptó la resolución de los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Matías Edery que desestima la investigación sobre integrantes de la comisión directiva y gerente general del Jockey Club. La causa continuará contra empleados de la gerencia operativa, intendencia y mantenimiento. La familia apelará ante la fiscal General.
El fiscal Regional Matías Merlo aceptó una resolución presentada por los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Matías Edery y desestimó la investigación sobre integrantes de la comisión directiva y responsables del country del Jockey Club, además de integrantes de la mesa directiva y del gerente general de la institución. En cambio, la causa avanzará sobre empleados de la gerencia operativa, de la intendencia y personal de mantenimiento.
Facundo Gorga, de 10 años, murió el 2 de enero de 2024 en la pileta conocida como “La dulce”, en la sede de Fisherton del Jockey Club.
La decisión judicial se sustenta, según la resolución, en «el análisis de la estructura organizativa, la delimitación de deberes y la suficiencia probatoria exigida para el avance del proceso penal».
Declaraciones de la familia
María José Chena, madre de Facundo, sostuvo en diálogo con La Capital: «Para nosotros esta resolución es un baldazo de agua helada. El fiscal Matías Merlo con esto les garantizó impunidad a los directivos del Jockey Club y de esta forma mi hijo encontró dos trampas mortales en su corta vida: una en la pileta del country y otra en la investigación sobre su muerte. No están haciendo justicia, están protegiendo a las autoridades del Jockey, la impunidad es total y no sólo afecta a mi familia, afecta a todos los rosarinos».
Asimismo, Chena calificó la resolución como «un escándalo» y cuestionó argumentos de la misma: «el invento de un ducto que funcionaba bien y que, en realidad, nunca existió. Y el ducto que causó el accidente siempre estuvo en malas condiciones. La Fiscalía inventó testimonios y pruebas, y eso es un delito. Hablamos varias veces con Merlo y no decía nada de esos hechos y esas pruebas inventadas, Merlo es cómplice de la impunidad».
Argumentos de la Fiscalía
El fiscal Matías Edery, quien lleva la causa junto a Valeria Piazza Iglesias, indicó a este medio: «El Jockey Club tiene una estructura que delega responsabilidades y por lo que pudimos observar luego de revisar nueve celulares y 11 computadoras, que se usan para la gestión societaria, es que los funcionarios de alto nivel no fueron informados de la situación del ducto que provocó el accidente».
En el mismo sentido, señaló que «es una tragedia y como tal es muy difícil investigar. Hay responsables y son las seis personas que irán a juicio que, por lo que estimo, será el año que viene».
Estructura organizativa y responsabilidades
En cuanto a la estructura organizativa, división de funciones y principio de confianza, los fiscales establecieron que el Jockey Club contaba con una organización interna en la que determinadas tareas vinculadas con el funcionamiento, mantenimiento y control de las instalaciones se encontraban asignadas a personal y sectores específicos. En este marco, se distinguen dos esferas de actuación: la comisión directiva y la gerencia general limitan sus cuidados a la organización general, la fijación de pautas directivas y la asignación presupuestaria, careciendo de la función de verificar operativamente el estado técnico diario de los natatorios.
Por su parte, la gerencia operativa, la intendencia y el personal de mantenimiento son quienes ostentan el dominio del hecho técnico y tienen a su cargo la inspección directa, la detección de fallas, el reporte de irregularidades y la ejecución de reparaciones.
En la resolución, se argumentó: «Si bien la existencia de una estructura organizativa no desvincula automáticamente a los cargos de conducción de sus deberes inherentes, para sostener una acusación penal resulta indispensable contar con elementos probatorios que acrediten el alcance concreto de sus obligaciones, su intervención en los hechos e imputaciones por omisión debida. En el caso, las tareas de supervisión directa recaían sobre la Gerencia Operativa y la Intendencia».
«No se hallaron registros, actas ni comunicaciones que alertaran a la cúpula directiva o al Gerente General sobre la falta de protección en el ducto. Para perforar el principio de confianza se requería prueba de un conocimiento efectivo y actual del peligro, extremo que no pudo ser acreditado», se añade. Para los fiscales, «el examen de los hechos previos presentados como supuestos antecedentes no permitió establecer una alerta o conocimiento previo por parte de los directivos».
Apelación y continuidad de la causa
La familia y la querella, llevada a cabo por el abogado Víctor Corvalán, decidieron apelar la resolución ante la fiscal General, María Cecilia Vranicich. «Apenas nos enteramos decidimos mantener una reunión con la fiscal ya que ella puede revertir la situación», señaló María José. Por el momento, la causa penal continúa.
El Jockey Club tiene 30 mil socios. La familia Gorga-Chena es socia desde hace 40 años: los padres de María José, sus hermanos, sus sobrinos y sus hijos, también. «Desde el 2024 solo volvimos al club para poner flores en el monolito que lo recuerda y cada 2 de enero, para rendirle un homenaje. Esperamos que termine la impunidad y se haga la Justicia que tanto necesitamos», sentenció la madre de Facundo.