sábado, noviembre 21, 2026

Citan a tres nuevos imputados en la causa por el robo a Tribunales de 1984

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La Justicia federal de Rosario imputó a Walter Pagano, Eduardo Constanzo y Víctor Rodríguez por el asalto ocurrido el 8 de octubre de 1984 en el edificio de Tribunales, donde se sustrajeron documentos vinculados a crímenes de la dictadura.

La Justicia federal de Rosario citó a tres nuevos imputados en la causa conocida como Robo a Tribunales, que investiga el asalto ocurrido la madrugada del 8 de octubre de 1984 en el edificio provincial ubicado en Avenida Pellegrini y Bulevar Oroño. Del lugar se sustrajeron documentos que contenían información clave para esclarecer crímenes de la dictadura.

Los tres nuevos imputados integraban la estructura de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Argentino: Walter Pagano, Eduardo “Tucu” Constanzo y Víctor “Chuly” Rodríguez. Los dos primeros ya tienen condenas por delitos de lesa humanidad y cumplen prisión domiciliaria, mientras que el último no registra condenas.

La medida fue dispuesta el 8 de octubre a partir de la plataforma fáctica expuesta por el dictamen del fiscal Adolfo Villatte, titular de la Unidad de Asistencia para causas de Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado de la jurisdicción Rosario.

A los tres se los acusa de organizar y ejecutar el robo de documentos con la finalidad de esconder y destruir pruebas que comprometían a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por su actividad criminal entre 1976 y 1983.

La democracia se había recuperado hacía menos de un año. Cuando Raúl Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983, creó la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), que reunió y sistematizó más de nueve mil casos. Esa base probatoria serviría después para el Juicio a las Juntas de 1985.

En octubre de 1984, en Rosario se realizaban allanamientos en distintos puntos de la ciudad y se tomaban declaraciones. Eran los primeros pasos del largo camino judicial que tomaron estas causas desde entonces.

Esa madrugada, los atacantes redujeron al personal de seguridad de los Tribunales y accedieron a la oficina donde se encontraba el material sustraído. Entre el material había municiones y armas. Los cientos de documentos incluían fotos, fichas y legajos.

La primera y única condena por esta causa se dictó en 2023. A través de un juicio abreviado, Héctor Fructuoso Funes fue sentenciado a cuatro años de prisión por el robo. Era jefe de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército. Nunca reveló ningún dato que pudiera servir para encontrar esos documentos que siguen desaparecidos.

Quiénes son los nuevos imputados

Víctor “Chuly” Rodríguez fue jefe de la segunda sección del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército en los años ochenta. En 2012 fue procesado por el secuestro, torturas y asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, militantes peronistas secuestrados en mayo de 1983. Luego fue sobreseído. Organismos de derechos humanos cuestionaron la medida.

Rodríguez encabeza la actividad turística Cruce de los Andes e integra la Asociación Cultural Sanmartiniana. Ha disertado en múltiples espacios como especialista en seguridad interna y ha sido convocado por su participación en la Guerra de Malvinas. Organismos de derechos humanos manifestaron su repudio y presionaron para su suspensión en algunas de esas ocasiones.

Walter Pagano fue personal civil de inteligencia (PCI) entre 1976 y 2000. Acumula tres condenas a prisión perpetua: dos en la megacausa Guerrieri en 2010 y 2017, y una por la causa Quinta de Funes en 2010. Además, recibió una condena de 5 años en 2013 en el juicio Guerrieri II y otra de 11 años en 2011 en el juicio Hospital Militar de Paraná, Entre Ríos. En 2016 fue absuelto en el juicio Cambiasso y Pereyra Rossi-Patti. Fue condenado por secuestrar, torturar, matar e integrar patotas criminales.

Eduardo “El Tucu” Constanzo tiene cuatro condenas, todas a prisión perpetua, dictadas entre 2010 y 2023. También fue PCI e integró el Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo del Ejército, con sede en Rosario. Es uno de los pocos represores en el país que reveló información sobre los crímenes cometidos durante la dictadura e incriminó a varios de sus cómplices. Integró el grupo de tareas que secuestraba, interrogaba, torturaba y custodiaba a las víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, Escuela Magnasco, Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, La Intermedia y La Calamita, en Rosario y sus alrededores.

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