La justicia santafesina ratificó la absolución de Pablo Barra, quien había sido denunciado por su expareja en 2018. El fallo cuestiona procedimientos en la investigación y advierte sobre una «modalidad de actuación reiterada».
La Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó este miércoles la absolución definitiva de Pablo Barra, un padre de 51 años que había sido juzgado por un supuesto abuso sexual de su hija, a quien no ve desde hace ocho años tras la denuncia de su expareja. Barra había sido absuelto en primera instancia en 2025, pero la querella, a pedido de tres psicólogas tratantes de la niña, apeló la sentencia.
El caso se enmarca en una denuncia colectiva que un grupo de padres lleva adelante contra tres psicólogas rosarinas por presuntos informes falsos que habrían derivado en denuncias de abuso, lo que desvinculaba a los padres de sus hijos. El juez de Cámara Javier Beltramone, al confirmar la absolución, cargó las costas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y destacó la responsabilidad del magistrado de primera instancia en el análisis de las pruebas.
En sus fundamentos, Beltramone advirtió que «no se trata de un supuesto aislado, sino de una modalidad de actuación reiterada», refiriéndose a reaperturas de investigaciones sin nuevos elementos probatorios. El camarista señaló que esta dinámica compromete estándares del proceso penal, como la objetividad del Ministerio Público y la seguridad jurídica, y afecta los derechos del niño.
Asimismo, el juez fue crítico con la actuación de la Fiscalía, indicando que no cumplió con su deber de probar de manera convincente la insuficiencia de los informes periciales. «La ineficacia en la conducción del procedimiento no sólo compromete la credibilidad del sistema, sino que proyecta consecuencias concretas sobre los derechos de las personas involucradas», afirmó.
Barra fue denunciado en junio de 2018. La causa se archivó en febrero de 2020, pero luego se desarchivó a pedido de una de las psicólogas tratantes, siendo reflotada en 2021 por la misma fiscal que la había archivado. La defensa sostiene que el desarchivo se produjo por presunta presión de las profesionales denunciadas.