Legisladores nacionales presentaron una queja formal ante el procurador Casal, argumentando que la investigación sobre la criptomoneda avanza con retrasos injustificados y falta de impulso procesal.
Un grupo de diputados nacionales que integraron la comisión investigadora sobre la criptomoneda $Libra presentó este miércoles una denuncia contra el fiscal federal Eduardo Taiano. Los legisladores, que firman la presentación ante el procurador Eduardo Casal, son Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Esteban Paulón, Julia Strada y Rodolfo Tailhade.
En el escrito, sostienen que tras analizar el desenvolvimiento del fiscal durante varios meses, se podrían estar configurando «graves infracciones a sus deberes de funcionario público», en violación al artículo 120 de la Constitución Nacional y a leyes específicas. Los denunciantes argumentan que se han producido «demoras injustificadas en la producción de pruebas» y conductas contrarias al «deber de objetividad».
Uno de los puntos centrales de la queja se refiere al tratamiento de dispositivos electrónicos secuestrados a Mauricio Novelli y Sergio Morales. Según los diputados, el material fue recibido por la fiscalía entre marzo y mayo de 2025, pero recién el 9 de septiembre de ese año se ordenó su análisis, lo que implicó una «primera dilación significativa».
Además, señalan que un informe preliminar del peritaje telefónico de Novelli, recibido en noviembre de 2025, no fue incorporado a la causa ni puesto a disposición de las partes querellantes. El peritaje completo habría finalizado el 7 de enero de 2026, pero su carga al sistema judicial LEX 100 se realizó el 25 de febrero, y el acceso integral por parte de los interesados recién se concretó el 13 de marzo de 2026.
Los legisladores también cuestionan que, hasta el momento, «no se dispusieron llamados a indagatoria, ni se formalizaron imputaciones». Consideran que estas «dilataciones» no están fundadas en complejidades técnicas ni circunstancias excepcionales, sino que «revelan una inactividad incompatible» con los deberes del cargo.
Finalmente, los ex integrantes de la comisión $Libra afirmaron que «la retención indebida de prueba relevante» y su eventual ocultamiento a los querellantes resulta «incompatible con el principio de objetividad» que debe guiar al Ministerio Público.