El gobierno nacional limitó el ingreso de 60 trabajadores de prensa acreditados en la sede gubernamental, lo que derivó en una denuncia penal y en la intervención de la CIDH.
El jueves, a las 7:30, un locutor de radio anunció una noticia inesperada: efectivos de la Policía Federal y de Casa Militar impedían el ingreso a 60 periodistas acreditados en Casa Rosada, según informó la cronista Paula Larousse desde el lugar. La medida, adoptada por el gobierno, generó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni, el titular de la Casa Militar y el secretario de Comunicación Javier Lanari, por abuso de autoridad y otros delitos.
La diputada Marcela Pagano presentó además una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado argentino cese la prohibición y evite declaraciones estigmatizantes contra los periodistas. La CIDH confirmó el acuse de recibo. Por su parte, el gobierno argumentó que la restricción se debió al uso de lentes con cámara incorporada por parte de dos periodistas, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a quienes denunció por revelación de secretos.
Milei calificó a los involucrados como “basuras repugnantes” en redes sociales y ordenó cancelar la huella digital de acceso de todos los acreditados. La denuncia de Pagano recayó en el juzgado de María Servini, mientras que la del gobierno quedó a cargo de Ariel Lijo. Legisladores opositores, como Esteban Paulón, anunciaron una autoconvocatoria para el próximo jueves en la Cámara de Diputados para debatir la situación, que consideran inconstitucional.