El Observatorio de Pacientes, conformado por más de 20 organizaciones civiles, se reunió en Rosario para analizar el proyecto de ley enviado por el gobierno nacional al Senado, advirtiendo sobre posibles recortes en prestaciones y medicamentos que afectarían a personas con discapacidad en Santa Fe.
El Observatorio de Pacientes, un grupo integrado por más de 20 organizaciones civiles de personas que transitan alguna enfermedad, se reunió en Rosario a principios de esta semana para expresar su preocupación ante el proyecto de Discapacidad presentado por el gobierno nacional para su tratamiento en el Senado. Según el análisis realizado, la iniciativa «propone modificaciones estructurales al sistema de discapacidad en Argentina, con especial impacto en las pensiones por invalidez y el esquema de prestaciones vigentes, entre ellas la entrega y continuidad de los medicamentos y las terapias», lo que pondría en riesgo la salud de miles de niños, adolescentes, adultos y sus familiares en Santa Fe.
«El objetivo de este encuentro fue consensuar miradas, y en especial dejar en claro la postura de la provincia de Santa Fe ante la presentación del proyecto nacional en la cámara de Senadores», señaló Mónica Lenoci, directora del Observatorio, en declaraciones a La Capital. En rigor, las personas con discapacidad y sus familiares vienen padeciendo recortes de prestaciones y obstáculos de todo tipo desde hace tiempo.
Durante la jornada se presentó un informe técnico que abordó el impacto institucional, social y sanitario de la iniciativa, a la que muchas familias han denominado «la política de la crueldad». En el encuentro, realizado en el Club Español de Rosario, participaron personas con discapacidad y sus familiares, directores provinciales del área de Discapacidad, concejales rosarinos y asesores, representantes del Observatorio de Salud de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), miembros de la Municipalidad, diputados de la comisión de Salud de la provincia y representantes de Derechos Humanos. La reunión fue convocada con carácter urgente debido a la «delicada situación» que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias, que podría empeorar con esta ley.
Lenoci advirtió sobre «un cambio de paradigma en el enfoque de la discapacidad, señalando un posible retroceso conceptual desde un modelo social, centrado en derechos, inclusión y autonomía, hacia un esquema de carácter médico-asistencial, asociado a la noción de invalidez». El proyecto de ley, presentado oficialmente como una herramienta para combatir irregularidades, introduce cambios que «van más allá del control que dicen que se pretende». Se identificaron dos ejes principales: nuevas condiciones para acceder y mantener las pensiones no contributivas, y una transformación profunda del sistema de prestaciones a partir de la modificación del nomenclador nacional.
Entre los puntos más relevantes, Lenoci destacó «la incorporación de la incompatibilidad entre pensión por invalidez y empleo formal, una medida que podría desalentar la inclusión laboral». Y agregó: «El texto del proyecto de ley prevé mecanismos de suspensión preventiva de beneficios ante inconsistencias detectadas en cruces de datos, lo que implicaría la interrupción del ingreso antes de que se evalúe cada caso en particular».
Otro aspecto central analizado fue la modificación del nomenclador, el instrumento que actualmente fija valores de referencia para las prestaciones y establece un piso común para todos los financiadores. «La iniciativa de ley propone eliminar ese piso universal, habilitando que cada obra social, prepaga o jurisdicción defina de manera independiente los valores de cobertura. Esto podría generar desigualdades territoriales, afectar la calidad de las prestaciones y aumentar la litigiosidad al no contar con parámetros comunes para la resolución judicial», explicó Lenoci.
Durante el encuentro también se abordaron las posibles consecuencias en términos de financiamiento, advirtiendo sobre una eventual transferencia de responsabilidades hacia provincias y municipios. Esta situación podría impactar en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud locales, generando mayores niveles de demanda y presión sobre los servicios públicos. En el plano social, los participantes coincidieron en que las modificaciones planteadas podrían incidir directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.