Jorge Alberto Menegozzi, ex tesorero de la Asociación Civil Biblioteca Constancio C. Vigil, fue procesado por administración fraudulenta en el marco de la causa que investiga delitos económicos durante la última dictadura militar.
La Justicia federal de Rosario dispuso el procesamiento de Jorge Alberto Menegozzi, ex tesorero de la Asociación Civil Biblioteca Constancio C. Vigil, ubicada en Alem y Gaboto, por el delito de administración fraudulenta en calidad de “partícipe necesario”. Se trata del primer civil procesado en esta causa que investiga los delitos económicos cometidos durante la última dictadura contra la histórica institución del barrio Tablada.
Menegozzi fue el interventor designado por la dictadura militar entre 1977 y 2005. Según Roberto Frutos, integrante de la asociación, la entidad “prácticamente no tenía actividad en 2005, pero sí tenía fondos remanentes” que, junto con el entonces interventor liquidador Emilio Echen, utilizaban “a su antojo” ante la falta de control estatal o judicial. Frutos señaló que en 2004 se formó la asamblea para recuperar Vigil, lo que llevó a la renuncia de Menegozzi en 2005 y al inicio de las denuncias.
La historia de La Vigil se remonta al 25 de febrero de 1977, cuando policías, agentes de la Marina, contadores y abogados ingresaron al edificio y decretaron una “intervención normalizadora” bajo el mando de Agustín Feced, jefe de la policía local. Esa intervención se mantuvo hasta 2013. Menegozzi es considerado por los querellantes como “uno de los máximos responsables civiles de todo el proceso liquidatorio de Vigil”.
La Biblioteca Vigil fue una de las instituciones culturales más importantes de Argentina y América Latina. Antes del golpe militar de 1976, contaba con 20 mil socios y 60 mil libros, además de jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, editorial propia, sala de teatro, campo de deportes y un observatorio astronómico. Entre los hurtos más significativos se destaca el robo del lente de un telescopio de origen alemán, uno de los pocos en el mundo.
La abogada querellante Gabriela Durruty calificó el procesamiento como “un logro impresionante, un logro colectivo donde se sumaron numerosas voluntades para tratar de avanzar en la parte más difícil de las responsabilidades de la dictadura que tienen que ver precisamente con los delitos económicos”. Agregó que “de mínima correspondía el delito de administración fraudulenta”.