La Justicia provincial dispuso la demolición de un inmueble tomado en la esquina de Zavalla y Monseñor Zaspe, utilizado como punto de venta de drogas y foco de violencia en la ciudad de Santa Fe.
La Justicia provincial ordenó este viernes la demolición de un inmueble tomado de barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, señalado como soporte funcional para la venta de estupefacientes al menudeo y foco de reiterados hechos de violencia y conflictividad urbana.
La medida fue dispuesta por el juez penal Sergio Carraro, a pedido de la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación. El edificio, ubicado frente a la estación Mitre, estaba usurpado desde hacía más de diez años y presentaba un grave deterioro estructural.
La resolución se adoptó en el marco de una audiencia de “cese de estado antijurídico”, impulsada por la Unidad Especial de Microtráfico del MPA. La vivienda, conocida en el barrio como “La Casona”, se encuentra sobre calle Zavalla al 1700, en la esquina con Monseñor Zaspe.
El pedido fue formulado por el fiscal Arturo Haidar, acompañado por el subdirector del área, Diego Vigo, además de representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, Fiscalía de Estado, la Municipalidad de Santa Fe y los herederos del inmueble.
Durante su exposición, el fiscal Haidar sostuvo que la Fiscalía solicitó “el cese de estado antijurídico de La Casona, mediante su inactivación física, bajo la modalidad de derribo”. El funcionario repasó antecedentes de la investigación y afirmó que del material recolectado “surge que el inmueble ha sido soporte funcional para la comercialización de estupefacientes al menudeo”.
La pesquisa se inició a partir de una llamada anónima al 911 el 13 de marzo pasado. Una mujer denunció que dos menores apodados “Chichi” y “Nego” vendían drogas para su madre, identificada como M.D., en lo que describió como un “mercado abierto de estupefacientes”. El 12 de abril, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones realizó tareas de observación directa y consignó un “flujo constante de ingreso y egreso de personas”. A ello se sumaron registros de un domo de videovigilancia que mostraron “maniobras de comercialización y consumo inmediato de estupefacientes” en distintos horarios, incluso con presencia de menores.
Uno de los puntos centrales fue el allanamiento del 9 de mayo, donde se secuestraron alrededor de 40 gramos de cocaína, 84 gramos de marihuana, teléfonos celulares y elementos para fraccionamiento de droga. Tres mujeres fueron imputadas por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y quedaron en prisión preventiva el 13 de mayo.
En paralelo, la audiencia abordó la situación dominial: el inmueble está sometido a un trámite sucesorio y los herederos iniciaron acciones judiciales por la usurpación, que se arrastraba desde hacía más de diez años. Haidar vinculó el lugar con “personas relacionadas a economías delictivas”.
Claudio Ponce de León, asesor técnico de Logística del Ministerio de Seguridad, advirtió que el edificio resultaba “peligroso tanto para futuros moradores como para transeúntes” por desprendimientos de mampostería, y recomendó “la demolición controlada”. La propietaria del inmueble manifestó su conformidad: “Es una cosa incontrolable, es preocupante sobre todo para el barrio”.
El juez Carraro coincidió con los argumentos y consideró que “la medida que se está planteando es necesaria” debido al estado de riesgo. “El derribo es lo adecuado y así lo habremos de ordenar”, afirmó. Dispuso que las autoridades informen previamente la modalidad y fecha de la demolición, y que antes del derribo se verifique que no haya personas dentro del predio.