Un informe de la Fiscalía reveló que entre agosto de 2025 y mayo de 2026 se registraron 485 actuaciones policiales en un radio de 200 metros de «La Casona», inmueble usurpado donde funcionaba un punto de venta de estupefacientes. La Justicia ordenó su demolición.
La investigación judicial que derivó en la orden de demolición de “La Casona”, el inmueble tomado de barrio Sur donde funcionaba un punto de venta de drogas al menudeo, dejó al descubierto un dato que para la Fiscalía resulta revelador del impacto territorial del microtráfico.
En apenas nueve meses se registraron 485 intervenciones policiales en un radio de 200 metros alrededor del edificio ubicado en Dr. Zavalla al 1700, frente a la ex estación Mitre de la ciudad de Santa Fe.
La cifra fue expuesta por el fiscal Arturo Haidar durante la audiencia de “cese de estado antijurídico” en la que el juez penal Sergio Carraro ordenó el derribo controlado del inmueble conocido en el barrio como “La Casona”, usurpado desde hacía más de una década y señalado como soporte funcional para la comercialización de estupefacientes.
Según explicó el representante de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los registros provienen de bases de datos oficiales y particularmente del sistema de emergencias 911, donde quedó documentado “un escenario de conflictividad persistente” asociado a disturbios, amenazas, hechos de violencia, robos y reiteradas intervenciones policiales.
El período analizado comprende desde agosto de 2025 hasta mayo de 2026. Para la Fiscalía, la concentración de incidentes alrededor del inmueble constituye un indicador relevante sobre el deterioro de las condiciones de seguridad pública y el impacto que generan los mercados ilegales de drogas en determinados sectores urbanos.
La decisión judicial de avanzar con el derribo del inmueble se inscribe dentro de la política de persecución penal que el MPA viene profundizando desde la desfederalización parcial de los delitos vinculados al narcomenudeo en Santa Fe.
De acuerdo con el informe de gestión 2025 presentado por la fiscal general María Cecilia Vranicich, la estrategia institucional prioriza la persecución de estructuras de comercialización y no de consumidores. Bajo ese criterio, el organismo sostiene que la intervención penal debe concentrarse en los puntos de venta y en los enclaves territoriales donde el microtráfico se conecta con fenómenos de violencia altamente lesiva.
El documento oficial señala que durante 2025 no se registraron condenas por tenencia para consumo personal y que el 87,7 % de las imputaciones correspondieron a hechos de comercialización o tenencia con fines de comercialización. Además, el MPA definió una estructura de prioridades para orientar los recursos investigativos hacia aquellos casos donde existen vínculos con homicidios, balaceras, extorsiones, utilización de armas de fuego o explotación de personas vulnerables.
Dentro de esa clasificación aparecen especialmente identificados los llamados “búnkers”, es decir, inmuebles utilizados de manera estable para la venta de drogas y el control territorial de determinados sectores barriales. La Fiscalía sostuvo durante la audiencia que “La Casona” encuadraba precisamente dentro de esos criterios de priorización.
La investigación se inició formalmente a partir de una denuncia anónima recibida en marzo pasado y luego se robusteció con tareas de vigilancia de la Policía de Investigaciones y registros de videovigilancia urbana. Según lo expuesto, las filmaciones permitieron advertir un flujo constante de personas y maniobras compatibles con comercialización y consumo inmediato de estupefacientes, incluso con presencia de menores de edad.
El allanamiento concretado el 9 de mayo terminó de consolidar la hipótesis investigativa. En el procedimiento fueron secuestrados envoltorios de cocaína y marihuana, teléfonos celulares y elementos utilizados para fraccionamiento de droga. Tres mujeres quedaron imputadas y en prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Para el MPA, la inactivación física de este tipo de inmuebles no persigue únicamente un efecto operativo ligado a impedir la continuidad del delito, sino también un objetivo simbólico vinculado al restablecimiento de la autoridad estatal en zonas atravesadas por economías criminales. La política criminal diseñada por la Fiscalía santafesina sostiene que la desarticulación de mercados abiertos de drogas permite reducir disputas territoriales, limitar la circulación de violencia y disminuir las condiciones que favorecen hechos armados y otras manifestaciones delictivas.
En esa línea, el juez Sergio Carraro consideró acreditada la necesidad de adoptar una medida excepcional como el derribo, no sólo por la utilización del inmueble para actividades ilícitas sino también por el grave deterioro estructural que presentaba el edificio y el riesgo que implicaba para vecinos y transeúntes.