Fiscales federales de Miami presentaron cargos formales contra el exmandatario cubano por la muerte de cuatro personas en el incidente aéreo ocurrido hace casi tres décadas.
La relación entre Estados Unidos y Cuba registró un nuevo capítulo este miércoles, cuando fiscales federales estadounidenses presentaron cargos formales contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. El incidente dejó cuatro muertos.
Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos fueron impulsados por la Justicia federal de Miami e involucran también a antiguos integrantes de la estructura militar cubana. Raúl Castro, quien en 1996 se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas de la isla, habría participado en la cadena de decisiones que derivó en el ataque contra las aeronaves civiles.
Las imputaciones incluyen asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves civiles. La causa sostiene que las avionetas fueron atacadas mientras se encontraban en aguas internacionales y que la operación militar habría sido ejecutada bajo autorización del máximo liderazgo político y militar cubano.
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que el gobierno estadounidense intentará que Castro responda ante los tribunales. Desde Washington calificaron la decisión judicial como un hecho sin precedentes.
En respuesta, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó la medida y declaró que la decisión busca construir un escenario de confrontación. Defendió a Raúl Castro, a quien describió como una figura histórica de la revolución cubana.
El gobierno cubano ha sostenido históricamente que las avionetas de Hermanos al Rescate habían ingresado en reiteradas ocasiones al espacio aéreo de la isla y que la respuesta militar se produjo en un contexto de defensa territorial. En contraste, Estados Unidos y organismos internacionales afirmaron que el derribo ocurrió fuera del territorio cubano.
La acusación contra Raúl Castro representa la primera vez que un exlíder cubano enfrenta cargos penales en territorio estadounidense por la muerte de ciudadanos de ese país. La medida se conoce en un contexto de endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba durante la administración de Donald Trump, que incluyó la reinscripción de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo y el refuerzo de sanciones económicas.