Teresa, de 65 años, analfabeta y en situación de vulnerabilidad, lleva dos años en prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En la misma causa, personal policial implicado se encuentra en libertad, según declaró el abogado Martín Marini.
La implementación de la Ley de Microtráfico en la provincia de Santa Fe se presenta desde fuentes oficiales como un avance contra el narcomenudeo. Sin embargo, el caso de Teresa, una mujer de 65 años, analfabeta y en situación de vulnerabilidad en la zona oeste de Rosario, muestra una aplicación selectiva de la ley, según declaró el abogado penalista Martín Marini en el stream Feos, Sucios y Malos, emitido por el canal de YouTube de este diario y en dúplex con Radio Universidad Rosario (FM 103.3).
Marini explicó que Teresa ingresó al mundo de la venta de drogas por desamparo. Comenzó limpiando la casa de una vecina en barrio Godoy para costear el tratamiento médico de su esposo enfermo. En ese contexto, le propusieron vender cocaína a través de su ventana. El 3 de mayo de 2024, en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), quedó detenida.
“Teresa es una mujer de 65 años, analfabeta, en una situación de extrema vulnerabilidad, y hace dos años que está en prisión preventiva. Lo indignante es que en el mismo operativo se encontraron armas y celulares que comprometerían directamente a personal policial, pero ellos hoy se encuentran en total libertad mientras ella sigue esperando el juicio”, afirmó Marini.
El requerimiento de la Fiscalía acusa a Teresa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, solicitando una pena de 5 años de prisión efectiva. Testimonios en la causa señalan que ella vendía por necesidad económica, pero la sustancia le llegaba fraccionada por terceras personas conectadas con una empleada policial, según la teoría fiscal. En uno de los domicilios vinculados a la organización se secuestró material balístico –municiones de diversos calibres y cargadores– junto con elementos de librería y administrativos pertenecientes a la Policía de la provincia.
Marini sostuvo que durante las primeras audiencias, quienes regenteaban el negocio le exigieron que “se hiciera cargo” de todo el material debido a su edad, para utilizar su vejez como escudo de impunidad para el resto de la banda.
Estado de la causa
La Fiscalía ratificó el pedido de pena para Teresa y la vigencia de su prisión preventiva, y solicitó formalmente la apertura a juicio. Las mayores pretensiones punitivas recayeron sobre Juan A., para quien requirieron 6 años de prisión efectiva junto con la declaración de reincidencia por una condena previa. Para Fiorella C. –señalada como organizadora y proveedora del material–, Teresa I. –identificada como vendedora en el domicilio– y Leonela B. –imputada por su participación–, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Expediente de la mujer policía
En la vivienda de la subinspectora Cintia C. –hermana de Fiorella–, que se desempeñaba en la comisaría 2ª (Paraguay al 1100), se incautó material probatorio. La Fiscalía describió que la uniformada tenía en su poder 20 vainas servidas de distintos calibres, más de 350 cartuchos de varios tipos de armas de fuego, 61 sobres de papel con evidencias de procedimientos policiales y municiones sin autorización legal. También se encontraron elementos de librería provistos por el Estado, entre ellos 11 libros de guardia. La mujer quedó imputada por incumplimiento de deberes de funcionario público, acopio de municiones y peculado, aunque no está relacionada formalmente con la causa de narcomenudeo.
La entrevista completa al abogado Martín Marini se puede ver en el siguiente enlace.