jueves, junio 4, 2026

La Legislatura santafesina debate la ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia

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La Cámara de Diputados de Santa Fe intentará este jueves darle sanción definitiva al proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches en toda la provincia, que ya tiene media sanción en el Senado.

La Cámara de Diputados de Santa Fe intentará este jueves darle sanción definitiva al proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches en toda la provincia, que ya tiene media sanción en el Senado. La autoría del texto corresponde al senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas.

En la previa al tratamiento del proyecto, tres comisiones de la Cámara baja mantuvieron una reunión conjunta con integrantes de la Pastoral Social de la Iglesia Católica de las ciudades de Santa Fe y Rosario y dirigentes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia.

La Pastoral Social le pidió a los diputados que prioricen la inclusión social, la dignidad humana y políticas de acompañamiento por sobre las medidas punitivas. Del intercambio participaron diputados de las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Antes, Diputados recibieron a los secretarios de Control de ocho municipios. Entre ellos, Diego Herrera, de Rosario. Los representantes de los intendentes no se opusieron al proyecto, pero pidieron algunos cambios al texto con eje en sus capacidades para aplicar la normativa impulsada.

El proyecto, que modifica el Código de Convivencia, instala sanciones económicas y contempla hasta la facultad de arrestar –en caso de reincidencia– a quienes realicen tareas de cuidado o lavado de vehículos a cambio de una retribución económica y sin autorización. Incluye agravantes para situaciones vinculadas a organizaciones o acuerdos entre varias personas. La aplicación de las contravenciones queda en manos de los municipios.

De las expresiones y negociaciones de los legisladores se desprende que la voluntad mayoritaria en el interbloque oficialista de Unidos para Cambiar Santa Fe es proclive a aprobar el proyecto. La iniciativa tiene el respaldo de varios intendentes. Una de las probabilidades es que se apruebe la ley, pero con cambios. Si así fuera, el texto deberá volver al Senado para que esa Cámara trate las modificaciones.

Con el documento «La dignidad humana como eje de la convivencia urbana», la Iglesia católica sostuvo que la actividad de los cuidacoches está asociada principalmente a la pobreza, la informalidad laboral y la falta de oportunidades. El asesor espiritual de la Pastoral Social, Andrés Clausen, aclaró que la institución no se pronunciaba específicamente a favor o en contra de la prohibición, pero reclama que cualquier decisión normativa contemple criterios de gradualidad, inclusión y acompañamiento social. «Tenemos que ofrecer caminos de inclusión y desarrollo para todas las personas. No puede quedar nadie afuera», declaró.

La Pastoral aportó la propuesta de construir mecanismos de regulación, registro e identificación de quienes realizan la actividad, y en base a ello organizar programas de capacitación e inserción laboral.

Guillermo Muné, integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, calificó al proyecto del oficialismo provincial como «cruento, abusivo e inhumano». Afirmó que criminaliza la pobreza al sancionar actividades que, en muchos casos, se desarrollan de manera voluntaria y sin generar daños a terceros. Además, sostuvo que la iniciativa presenta serios problemas de constitucionalidad al castigar conductas que forman parte de acuerdos libres entre ciudadanos y al habilitar sanciones basadas en percepciones subjetivas sobre supuestas situaciones intimidatorias.

Varios gobernantes locales respaldan el proyecto porque consideran que les otorga herramientas para ordenar el espacio público y enfrentar situaciones de amenazas, extorsiones o apropiación indebida de sectores de estacionamiento. El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, es uno de los que acompañan la iniciativa aunque en su caso admitió que la norma propuesta no resuelve los problemas que esgrimen, y que el contexto en torno a ellos incluye el escenario de pobreza y exclusión estructurales.

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