Referentes de la coalición gobernante se reunirán este miércoles para definir los aspectos de fondo y la estrategia legislativa de la reforma electoral en Santa Fe. El proyecto no ingresaría como iniciativa del Ejecutivo.
Referentes de sectores pertenecientes a Unidos se reúnen este miércoles en Santa Fe para intentar avanzar con la redacción, y definir la estrategia legislativa que se escogerá para impulsar una reforma electoral en la provincia. Como lo refrendara el gobernador esta semana – y publicara El Litoral-, tal modificación a la normativa deviene de las última Convención Constituyente celebrada en esta ciudad que, según el propio mandatario, «cambió las reglas de juego» después de 62 años.
Referentes de Unidos analizarán este miércoles aspectos de fondo sobre los cambios a introducir pero también, respecto de la estrategia parlamentaria que resultaría más pertinente. La iniciativa no ingresaría como proyecto del Ejecutivo.
Maximiliano Pullaro evitó hablar sobre los cambios que se introducirán a la ley, pero sostuvo que «indudablemente» se requiere tal adecuación. «Antes – ejemplificó-, había algo que a nuestro criterio y de todos los convencionales constituyentes no era correcto: la mayoría automática en la Cámara de Diputados. Eso ya alteró las reglas. Y al haberlas cambiado, hay que modificar la ley electoral», justificó.
El mandatario mencionó públicamente a quienes interactúan como interlocutores por su partido en la negociación con los demás partidos de Unidos. Citó a Felipe Michlig, Fabián Bastia y Julián Galdeano. Los tres estarán en el cónclave que se prevé para este miércoles.
En diálogo
La previa del envió del proyecto a las cámaras legislativas demandó ya varios encuentros entre los referentes de los principales partidos políticos que integran la coalición gobernante. El encuentro de hoy pretende comenzar a pasar en limpio algunos aspectos vinculados a la cuestión de fondo pero también a la forma.
Según fuentes consultadas por El Litoral, una de las ideas que cobra fuerza es pensar en términos de un «Código Electoral» de la provincia que concentre la legislación – hoy, dispersa- sobre la materia e incorpore los cambios que se deban generar.
Como informara este medio, se ratificaría y quedaría fuera de discusión el sistema de primarias, abiertas y simultáneas (PASO) como herramienta para definir las candidaturas. El proyecto deberá incluir como concepto «justicia electoral», a partir de la creación de un tribunal que debería ser independiente del Poder Judicial.
Hasta aquí, no se vislumbran cambios respecto del uso de la Boleta Única, aunque aún hay cabos sueltos sobre la posibilidad de los modelos a utilizar; y la posibilidad de adjuntar categorías, como la de gobernador y diputado.
Finalmente, es necesario estipular los pisos que se deberán respetar en las diferentes instancias electorales. Allí juegan tres planos: los pisos que deberá alanzar cada partido o alianza para que sus candidatos pasen de las primarias a la general; los que deberá alcanzar una alianza para acceder a los cargos electivos en los cuerpos colegiados (según sistema D’Hont), y los que deberán alcanzarse en la elección general para poder ingresar a los cuerpos institucionales. La intención es garantizar primarias participativas.
La forma
Los dirigentes también discuten cuál será la estrategia electoral más pertinente. En tal sentido, una de las opciones es que no sea el Poder Ejecutivo quien envíe el proyecto, sino que sea impulsado por los propios partidos políticos – en este caso, del oficialismo-, a través de sus legisladores.
En ese marco, una alternativa era que el la UCR lo impulsase en el Senado, donde ya esperan tratamiento dos iniciativas promovidas por el Justicialismo sobre la misma temática. Otra variante era que cada fuerza política – o las principales- de Unidos ingresase su propio expediente, en un esquema similar al que se generó con los proyectos para reformar la Constitución de Santa Fe.
En cualquiera de los casos, el factor «tiempo» impera como relevante; por un lado, porque varios senadores tienen previsto un viaje al exterior que los mantendrá fuera del país por algunos días. Por el otro, porque se avecina el habitual receso legislativo.
En los planes del oficialismo, la ley debería estar sancionada en agosto.