La protesta por un presunto caso de abuso sexual en un jardín de infantes de la zona noroeste de Santa Fe derivó en un intento de incendio en la vivienda de un docente. El gobierno provincial confirmó la denuncia y amplió la custodia policial.
La protesta por un presunto caso de abuso sexual en un jardín de infantes de la zona noroeste de Santa Fe tuvo consecuencias más allá del establecimiento. Fuentes del gobierno santafesino anunciaron este jueves un intento de incendio en la casa de un docente tras los incidentes en Empalme Graneros.
El secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, confirmó la denuncia de uno de los directivos de la institución ubicada en Cabal al 900 bis. De esta manera, el despliegue de la policía se amplió para prevenir nuevos disturbios derivados de la acusación al portero que fue detenido en el lugar.
El funcionario señaló que recibieron aviso sobre un «intento de agresión e incendio de la vivienda» de un docente del Jardín de Infantes 261 Paulo Freire. Ante esta situación, las autoridades fijaron custodia.
Sin clases en el jardín de infantes
La vigilancia policial se dispuso este jueves en paralelo con la suspensión de las clases en el jardín ubicado sobre el cruce con calle La República. En este último caso, el Ministerio de Educación decidió cancelar las actividades por tiempo indeterminado como parte de las medidas para resolver el conflicto con padres y madres a partir del arresto de Rubén L. por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La secretaria de Gestión Territorial de la cartera provincial, Daiana Gallo Ambrosis, anticipó en LT8 que el personal «trabajará en reuniones con los equipos escolares y con las familias» afectadas. «Ayer dialogamos y escuchamos sus testimonios. Hoy haremos lo mismo. Esto recién comienza», enfatizó.
«Nos enteramos de este problema ayer muy temprano. Cuando el equipo directivo concurrió al establecimiento, ya encontró el desmadre», recordó la funcionaria. A continuación, indicó: «Lo que se vivió no fue para nada grato. Por un lado, para la familia que denunció la situación del niño, donde ya interviene la Justicia, y por el otro, la situación de violencia que se dio en el jardín que no podemos permitir».
De momento, las autoridades del gobierno santafesino prefirieron no poner plazos para retomar las clases después de las denuncias contra el asistente escolar. «Esto es un día a día. Haremos una evaluación exhaustiva porque hubo una pérdida de confianza en la comunidad educativa, con lo cual hay que ir trabajando con la familia del niño que denuncia y con las otras, y con las docentes», explicaron.
Gallo Ambrosis aspira a tener «la seguridad de poder desarrollar una jornada normal» como primer paso para reabrir las puertas. Mientras tanto, la policía se hizo cargo de la custodia en la cuadra donde detuvieron a otras tres personas luego de los disturbios que involucraron a vecinos y parientes de los niños.
¿Qué pasó con el portero denunciado?
La representante del Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó que abrieron un sumario administrativo para investigar el episodio. Esto implica que Rubén L. «fue apartado del cargo indefinidamente» en el inicio del proceso para decidir si le corresponde una sanción. «Primero hay que encontrar verosimilitud en la denuncia», aclaró la funcionaria.
De acuerdo al registro oficial, en el mismo jardín hubo un incidente similar en abril. El portero protagonizó un «altercado con una mamá que denunció que le gritó a su hijo». Este episodio quedó corroborado a través de un acta. En aquella oportunidad, ambas partes ofrecieron sus disculpas y se abrió el diálogo para normalizar el funcionamiento.
«Al haber una denuncia penal, eso es lo que prima. Nosotros vamos a colaborar con la Justicia en todo lo que necesite para dilucidar todo lo que ocurrió», agregó la secretaria provincial. Mientras tanto, aseveró que el trabajador no seguirá yendo al establecimiento hasta que se aclare lo sucedido.
Del lado del MPA, la fiscal Antonela Valente dispuso que el sospechoso permanezca bajo custodia en paralelo con las primeras medidas para analizar la única denuncia en su contra. El caso está en manos de la unidad especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, Antonela Valente.