El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Fe emitió un comunicado en desacuerdo con declaraciones de la vocera provincial Virginia Coudannes, quien cuestionó a la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena por anular un allanamiento basado en flagrancia virtual.
El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Fe respondió al gobierno provincial, que había cuestionado la decisión de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena de declarar nulo e inválido un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la modalidad de flagrancia virtual, mediante el sistema Lince.
Firmado por el Consejo Directivo Provincial, el comunicado manifiesta «su desacuerdo frente a las declaraciones públicas vertidas por una funcionaria del Poder Ejecutivo Provincial, mediante las cuales se descalificó la decisión adoptada por una magistrada en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, utilizando expresiones incompatibles con el trato que merecen quienes integran uno de los Poderes del Estado».
El texto refiere a la vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, quien en una conferencia de prensa se refirió a la jueza. «Manifestaciones de tal tenor desbordan el marco de las razonables críticas a las decisiones que se adoptan en el ejercicio de la función judicial», señala el comunicado.
«Nuestra Institución considera que las discrepancias que eventualmente puedan mantenerse con las resoluciones dictadas por juezas y jueces deben canalizarse, en todos los casos, por las vías procesales legalmente previstas, y no a través de manifestaciones públicas descalificantes que lesionan la independencia con que debe desarrollarse la función jurisdiccional», sostienen.
Por último, consideran que «no es mediante la disputa mediática que deben encararse las soluciones a temas que afectan fibras sensibles de nuestra sociedad, ni la descalificación pública puede constituir el modo de encauzar las disidencias en un Estado Democrático de Derecho».
El hecho que originó el conflicto ocurrió durante una madrugada, cuando dos personas que se desplazaban en bicicleta salieron de una vivienda en España al 7000, llegaron hasta otra en Entre Ríos al 6200 y efectuaron varios disparos contra el inmueble. Tras el ataque, regresaron al lugar de partida.
Horas después, a partir del análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia integradas al sistema de inteligencia artificial Lince, la PDI reconstruyó el recorrido de los sospechosos y realizó un allanamiento bajo la figura de flagrancia virtual en la vivienda de España al 7000. En ese marco fue aprehendido un adolescente de 17 años, que quedó a disposición de la Justicia de Menores. Luego, la magistrada declaró nulo e inválido el procedimiento.
La vocera Coudannes afirmó: «Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas». Además sostuvo que la decisión de la magistrada «interpela medidas jurídicamente avaladas que forman parte de un plan de seguridad robusto», cuyo objetivo es «garantizar la convivencia ciudadana». «El trabajo de investigación llevó apenas 12 horas. Pudimos identificar a los implicados y detenerlos después de una balacera que pudo haber terminado con una persona asesinada», señaló.
En ese sentido, cuestionó que la magistrada haya descartado la validez del procedimiento y planteó: «No sabemos si la jueza desconoce esa herramienta o decidió omitirla en su sentencia. Ese mismo sujeto mañana podría matar a alguien». La vocera defendió la utilización de la flagrancia virtual y destacó que el avance tecnológico, especialmente la videovigilancia y el análisis automatizado de imágenes mediante el sistema Lince, permite aplicar herramientas contempladas en el Código Procesal Penal cuando un delito puede reconstruirse de manera inmediata. Al referirse al caso advirtió que «una mirada garantista no puede estar por encima de las herramientas legales para combatir el delito».