La Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación ordenó la detención de seis efectivos de la Policía de Santa Fe por el fallecimiento de Mauro Daniel González, ocurrido en enero pasado mientras estaba bajo custodia estatal. Serán imputados este viernes en los tribunales de la capital provincial.
La Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la detención de seis efectivos de la Policía de Santa Fe por la muerte de Mauro Daniel González, de 35 años, ocurrida en enero pasado mientras se encontraba bajo custodia estatal. El fiscal Ezequiel Hernández dispuso las aprehensiones y los imputados serán llevados ante los tribunales de la capital provincial este viernes.
Cinco de los policías arrestados prestan servicios en el Comando Radioeléctrico, mientras que el restante pertenece al Cuerpo Guardia de Infantería. El caso se encuentra bajo investigación por la Unidad de Violencia Institucional.
Según la reconstrucción del expediente judicial, el 17 de enero González fue detenido frente a su domicilio en el barrio Yapeyú por agentes del Comando Radioeléctrico, tras un llamado al 911 por un supuesto desorden en la vía pública. Luego de ser examinado por un médico de la fuerza, quien constató lesiones que requerirían siete días de curación, fue alojado en un calabozo de la Comisaría 8ª, en el norte de la ciudad de Santa Fe.
A las 22:40 de esa misma noche, el fiscal de turno ordenó formalmente su libertad y notificó a la seccional. Sin embargo, la policía no efectivizó la salida. En la madrugada del 18 de enero, cuando los agentes ingresaron a la celda para comunicarle la liberación, González no respondía a los estímulos. Se constató su fallecimiento.
Ante la gravedad del hecho, la causa fue retirada de la Fiscalía de Homicidios y derivada a la Unidad de Violencia Institucional, donde se dispuso la aplicación del Protocolo de Minnesota, modelo internacional para investigar muertes bajo sospecha de criminalidad estatal.
La querella, integrada por la familia de la víctima y respaldada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, sostiene que la detención fue ilegal y que hubo violencia durante la reducción. El expediente incluye testimonios de vecinos, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, y fotos y videos tomados con teléfonos celulares durante el operativo.
Desde el entorno de la víctima se solicita que la investigación abarque toda la secuencia: la captura, el traslado, la asistencia médica recibida y la presunta omisión de la orden judicial de libertad. Este viernes, los seis uniformados escucharán los cargos en su contra y las evidencias recolectadas ante el fiscal Hernández.