En Córdoba, apenas el 10,1% de las familias pudo comprar alimentos en junio sin recurrir a crédito o ayuda estatal, según un informe del IETSE.
En Córdoba, sólo el 10,1% de las familias pudo acceder a sus alimentos en junio sin necesidad de algún tipo de financiamiento, pese a que en el mismo período los precios minoristas rompieron el piso del 2% y registraron la tercera contracción consecutiva.
Los datos corresponden al Informe Económico y Social del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) vinculado al Centro de Almaceneros local.
Según el estudio, la inflación mensual fue del 1,87%, acumuló 16,9% en el primer semestre y 33,1% desde junio de 2025.
La canasta básica total, el mínimo necesario para no ser considerado pobre, para un hogar de cuatro integrantes llegó a $1.957.700. En el mes subió 1,7%, menos que la inflación, pero en los primeros seis meses el conjunto de bienes y servicios aumentó 18,4%, por encima de la media de los precios; y en un año, se encareció 36,3%, superando también la inflación acumulada.
La canasta básica alimentaria, que define el piso para no ser indigente, costó $1.070.289 para un hogar de cuatro integrantes.
La encuesta que acompaña el informe señala que para el 56,6% fue imposible acceder plenamente a la canasta básica de alimentos; mientras que la mayoría de los que pudieron acceder plenamente (7 de cada 10) admitió que lo hizo gracias a algún tipo de ayuda estatal, como la AUH, la Tarjeta Alimentar u otro recurso.
Además, el 53,2% admitió que alguna vez durante junio alguno de los integrantes de su familia dejó al menos una de las comidas del día, obligado por la falta de medios.
Entre el 89,9% que necesitó financiamiento para comprar sus alimentos, el 39,3% consignó que accedió mediante la modalidad del fiado. El 38,4% informó que dispuso de una tarjeta de crédito y el 11,2% afirmó que compró la comida gracias a un préstamo de dinero.
Desde la mirada del IETSE, la inflación de junio fue la más baja del último año debido a la menor incidencia de los ajustes tarifarios de los servicios públicos y a los precios de los alimentos, que registraron el menor aumento desde julio de 2025. Sin embargo, el instituto sostuvo que “la desaceleración de los precios aún no se traduce en una recuperación efectiva de los indicadores sociales ni del consumo de los hogares”.