Personal de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Policía Federal Argentina realizó un operativo de control migratorio en la intersección de la peatonal San Martín y San Luis, en el centro de Rosario.
Este martes, personal de la Dirección Nacional de Migraciones, enviado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a la Policía Federal Argentina (PFA), llevó a cabo un operativo de control migratorio en la esquina de la peatonal San Martín y la calle San Luis, en el centro de Rosario.
El procedimiento consistió en la interceptación aleatoria de peatones y trabajadores de la vía pública, a quienes se les solicitó documento de identidad, edad y país de origen para verificar su situación migratoria. Según fuentes del operativo, esta metodología es aplicada por la gestión nacional en barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Once, Liniers y Flores.
La directiva oficial establece que las personas de nacionalidad extranjera que hayan ingresado al país de forma irregular pueden ser retenidas para evaluar su eventual deportación, salvo quienes cuenten con el respaldo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) por haber huido de conflictos bélicos.
Durante la jornada, los agentes interceptaron a transeúntes de diversas nacionalidades. Entre ellos, se encontraban ciudadanas de origen peruano con varios años de residencia acreditada en Rosario. En el caso de una familia de procedencia china, la barrera idiomática obligó a los efectivos a realizar una videollamada con un familiar, quien confirmó que residen en Argentina desde hace entre 15 y 20 años.
Las personas cuya documentación presentó inconsistencias o requería verificación profunda fueron derivadas a una oficina móvil de Migraciones montada en las inmediaciones, donde se cruzaron antecedentes y datos filiatorios para definir su situación legal.
El despliegue generó reacciones contrapuestas entre los peatones. Algunos comerciantes y transeúntes expresaron su respaldo a las tareas de control, mientras que otros manifestaron su rechazo al considerar que los controles aleatorios en la vía pública vulneran derechos de circulación y estigmatizan a la comunidad migrante.