Legisladores de Unión por la Patria afirmaron que la iniciativa oficial, que endurece penas por explotación de recursos en las Islas Malvinas, incluye cambios en el sistema de Defensa y Seguridad. El oficialismo espera un debate rápido en la Cámara de Diputados.
El Gobierno de Javier Milei presentó este jueves un proyecto de ley sobre Defensa de la Soberanía Nacional que endurece las penas por explotación de recursos en las Islas Malvinas. La iniciativa, que también introduce modificaciones en el sistema de Defensa y Seguridad, generó cuestionamientos desde el bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados.
El excanciller Santiago Cafiero afirmó que se está «haciendo un análisis más detallado de la iniciativa» y sostuvo: «A priori, es demencial meter en un mismo proyecto de ley dos cuestiones de semejante magnitud como todo el régimen y las sanciones vinculadas a las actividades en Malvinas derogando prácticamente todo el marco existente; y, por otro, plantear al mismo tiempo una reforma radical del sistema de Defensa y Seguridad, sumándole además modificaciones penales y otros cambios de fondo».
Cafiero indicó que el tema debería tratarse en dos proyectos separados. «Tal como está redactado, por la cantidad y diversidad de materias que abarca, los giros deberían involucrar no menos de nueve comisiones, probablemente más. En estas condiciones, es prácticamente imposible darle un tratamiento legislativo serio. De todos modos, conviene terminar de evaluar este punto una vez que sepamos qué giros efectivamente le asignan», declaró. Para el legislador, «da la impresión de que la intención es mezclar temas, sobreactuar la urgencia y generar un proyecto deliberadamente abrumador para terminar forzando una aprobación exprés».
El exministro de Defensa y diputado nacional de UP Agustín Rossi definió al proyecto como una nueva «ley ómnibus» y consideró que se trata de «una trampa» porque, según afirmó, bajo la excusa de sancionar empresas que operen ilegalmente en las Islas Malvinas se pretende «modificar el sistema de Seguridad Nacional por vías indirectas». «Es una ley ómnibus porque se introducen varios temas en un mismo proyecto. Veo una trampa clara: pretenden incorporar el Consejo de Seguridad Nacional en el marco del aumento de penas para las empresas que realicen actividades económicas con permiso en las Islas Malvinas», agregó.
El diputado Juan Marino apuntó contra el asesor Santiago Caputo. «Así mueren las democracias y estamos frente a la extorsión de Caputo por Malvinas para subordinarnos al plan de contra insurgencia y terrorismo de Estado de Marco Rubio. Es una ley electoral, no es una propuesta de unidad nacional a todos los partidos para desarrollar una acción diplomática internacional para hacer un piquete portuario que es básicamente que los países de la región le nieguen cualquier base logística al proyecto de Sea Lion». Y añadió: «El objetivo tiene que ser frenar ese proyecto. ¿Cómo van a frenarlo con el consejo nacional que propone Caputo que es para perseguir, espiar a los argentinos?».
El proyecto también establece cambios en el concepto de la Ley de Defensa Nacional, en el financiamiento extranjero de partidos y en los artículos del Código Penal referidos al delito de Traición a la Patria. Además, incluye penas para quienes «manipulen la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva». Varios opositores pusieron el foco en las facultades que se otorga el Gobierno frente a lo que se consideren «amenazas» extranjeras, y entre otras cosas habilita el derribo de aviones y el hundimiento de buques.
El excanciller y exministro de Defensa Jorge Taiana opinó que el Gobierno «utiliza la causa Malvinas como caballo de Troya para habilitar la persecución y estigmatización de cualquier oposición». Taiana añadió: «La iniciativa contradice nuestra doctrina democrática basada en los tres pilares: defensa, seguridad e inteligencia». El excanciller participó el jueves de una jornada parlamentaria denominada «La Marina Mercante Argentina: Importancia económica, logística y estratégica». Durante el encuentro, que reunió a especialistas, representantes sindicales, referentes del sector marítimo y fluvial y legisladores nacionales, el diputado de UP ponderó al mar, a sus ríos y a sus puertos para defender la soberanía. «Es necesario fortalecer la Marina Mercante, reactivar la Industria Naval y promover el desarrollo de un cabotaje fluvial y marítimo que genere trabajo y que contribuya a defender nuestros recursos y nuestra soberanía», expresó.
En tanto, la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, analiza los giros de comisión. Relaciones Exteriores, Defensa y Presupuesto podrían llevar la discusión parlamentaria. Desde el oficialismo esperan un debate rápido, incluso que el dictamen llegue al recinto antes del tratamiento del Presupuesto 2027.