La fiscalía atribuyó los delitos de asociación ilícita y estafas a Néstor Gabriel Segovia y Camila Dos Santos Rizzi, dueño y empleada de la firma inmobiliaria Moderno House. Este lunes se realizó la audiencia ante el juez Lisandro Aguirre y se solicitó la prisión preventiva de ambos imputados.
Este lunes, en una audiencia ante el juez Lisandro Aguirre, los fiscales Jésica Bernard y Matías Broggi formalizaron una nueva imputación por asociación ilícita y estafas contra Néstor Gabriel Segovia, dueño de la empresa Moderno House, y Camila Dos Santos Rizzi, su entonces pareja y empleada. Los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas solicitarán que se ordene la prisión preventiva de ambos imputados, quienes llegaron a esta instancia en libertad con restricciones.
De la audiencia también participaron los querellantes José Ignacio Chigal, Melisa Logica y Marianela Leocata, así como los defensores Jorge Qüesta, por Segovia, y José Nanni, por Dos Santos Rizzi. Tras un receso, al mediodía se discutirá la libertad de los acusados.
Respecto de la estructura delictiva, la fiscalía sostuvo que la organización operó de forma estable entre enero de 2021 y junio de 2024. La firma utilizó como pantalla comercial la sede de avenida Facundo Zuviría al 6600, simulando solvencia empresarial sin poseer habilitación municipal ni inscripción registral.
También se indicó que, para consolidar el ardid, montaron un showroom a escala, publicitaron en redes sociales y asignaron roles. Asimismo, exhibían una vivienda en Sauce Viejo como si fuera de construcción propia y presentaban a un integrante sin matrícula como el arquitecto de la firma para engañar a los clientes.
El esquema captaba interesados ofreciendo facilidades de pago, cuotas fijas y entregas en 90 días. Desde el MPA señalaron que tras percibir los anticipos del 50% o más, los fondos eran desviados a emprendimientos personales, mientras interponían excusas sistemáticas -como robos o clima adverso- para dilatar las obras, hasta que finalmente cerraron el local.
La atribución delictiva detalló las contrataciones incumplidas que terminaron siendo imputadas como defraudaciones. En primer término, el 2 de julio de 2022 se celebró un contrato con la entrega de un vehículo por 830.000 pesos y pagos posteriores, alcanzando un perjuicio total de 1.113.600 pesos.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 2022 se suscribió un convenio para la instalación de una vivienda en la provincia de Entre Ríos, con transferencias y entregas en dólares que configuraron un perjuicio de 2.887.400 pesos.
Al día siguiente, el 28 de septiembre de 2022, se pactó la edificación de un inmueble industrializado de 45 metros cuadrados en Santa Fe, provocando un perjuicio verificado en 2.159.000 pesos.
Asimismo, el 1° de diciembre de 2022 se concretó un contrato para una casa de 97 metros cuadrados en Laguna Paiva, donde la firma percibió 15.100 dólares en efectivo más sumas adicionales en pesos.
Durante el año siguiente, el 22 de abril de 2023 se firmó un acuerdo por una unidad de 58 metros cuadrados, con entregas por 5.600 dólares, 1.255.000 pesos y material de construcción acopiado.
Finalmente, el 14 de septiembre de 2023 se suscribió un contrato para una vivienda de 86 metros cuadrados en el departamento San Jerónimo, donde se abonaron 11.000.000 de pesos iniciales antes del abandono de la obra.
La fiscalía pretende que Segovia y Dos Santos Rizzi queden en prisión preventiva. Su situación procesal se definirá en las próximas horas.