La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de Santa Fe recibirá este miércoles a representantes de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa para que expongan sus consideraciones sobre dos proyectos de reforma en seguridad. La votación en la Cámara baja está prevista para el 29 de octubre.
La Cámara de Diputados de Santa Fe llevará a cabo este miércoles una sesión conjunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General para abordar dos expedientes vinculados a la seguridad pública. En ese marco, fueron invitados la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa para que aporten sus consideraciones.
Los expedientes en tratamiento son el 58.987, que establece normas para implementar las denominadas Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, y el 59.996, que ya tiene media sanción del Senado y crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, conocido como robo de celulares.
La invitación a la Corte Suprema de Justicia está agendada para las 13:30. El máximo tribunal tiene acordada por la mañana y su presencia no está confirmada. Sus observaciones serán limitadas debido a que entre sus facultades se encuentra el eventual control de constitucionalidad.
A las 14:30 será el turno del Ministerio Público de la Acusación, representado por la fiscal coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones (OI), Víctor Moloeznick. La fiscal general María Cecilia Vranicich no asistirá.
Luego, a las 15, expondrá el Ministerio Público de la Defensa, con la defensora general Estrella Robinson. Se sumará un proyecto que busca otorgar funciones a la Defensora General de la provincia para crear unidades especializadas en la defensa, entre ellas, de miembros de fuerzas de seguridad.
Además, se recibieron solicitudes de audiencia del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción (Rosario), de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y del Foro Contra la Impunidad y la Justicia.
En mayo se presentó un paquete con una docena de puntos que generaron cuestionamientos sobre vulneraciones de garantías y derechos. Según se indicó, los puntos más polémicos se habrían resuelto en el espacio de Unidos, donde existía cierta resistencia interna, por lo que no habría una discusión en la grilla de temas este miércoles.
Tras recoger observaciones y finalizar el debate interno, la intención es votar en la Cámara baja en la sesión del 29 de octubre, ya que a la del 15 no se llegaría ni tampoco hay preferencia por esa fecha.
En principio, se quitaría la llamada validación probatoria, que buscaba establecer reglas claras para validar pruebas que normalmente quedarían excluidas bajo la teoría del fruto del árbol envenenado. También se eliminarían las medidas coercitivas por decreto fiscal, que permitían a la fiscalía imponer medidas no privativas de la libertad (como vigilancia electrónica, restricciones de circulación, supervisión o cauciones) mediante un decreto fundado. El control judicial se desplaza a una etapa posterior, permitiendo que el imputado se oponga después de la medida, aunque se interpretaba como falta de proceso. Asimismo, se quitaría la zona de intervención policial especial, calificada por las críticas como «miniestado de sitio», que pensaba permitir al Ejecutivo intervenir policialmente sectores con altos índices de criminalidad, violencia o conflictividad, otorgando facultades excepcionales para regular la circulación de personas y el uso del espacio público en esas áreas.