La Cámara de Diputados celebra una sesión especial este miércoles con un temario que incluye cinco iniciativas: inviolabilidad de la propiedad privada, fortalecimiento del sistema de discapacidad, transparencia crediticia, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.
La Cámara de Diputados celebra este miércoles una sesión especial con un temario que incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Discapacidad, morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Ley de Tierras
El proyecto llega con media sanción del Senado, donde se eliminaron los capítulos vinculados a la Ley de Manejo del Fuego y a la derogación de la Ley de Tierras Rurales. En Diputados, el oficialismo busca restituir la Ley de Tierras, que establece límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, y un tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y fronteras.
La versión restante modifica la Ley de Expropiaciones para restringir las capacidades del Estado de declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y reforma la ley de Desalojos para acortar los tiempos judiciales en casos de usurpación o tenencia irregular. El dictamen de mayoría fija un tope del 30% de indemnización por lucro cesante si está acreditado; el proyecto original no establecía porcentaje. Opositores sostienen que indexar el derecho público y el bien común al cálculo del éxito comercial de una empresa privada desvirtúa la función social de la propiedad.
En desalojos por usurpación, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble e intimar su devolución dentro de las 72 horas si el propietario lo solicita con prueba documental. En desalojos por mora, los inquilinos tendrán al menos 10 días para regularizar deudas antes de que el locador inicie la acción de desalojo. Un protocolo de vulnerabilidad asegura un plazo máximo de 10 días para una alternativa habitacional transitoria con intervención del Ministerio Público Tutelar cuando haya menores, discapacitados o adultos mayores desamparados.
El proyecto también modifica la ley Pierri de regularización dominial para que familias con posesión pacífica demostrable durante los 10 años anteriores puedan acceder a la escritura de vivienda única. Se reconoce la ocupación temporánea anormal por 90 días, prorrogable por única vez en circunstancias graves verificables de necesidad pública.
Ley de Discapacidad
El proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad tiene dictamen cerrado con concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID. Toma casi todo el esquema de beneficios de la ley 27.793, pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad para convertirlo en norma de orden público con efectos permanentes.
La Libertad Avanza sostiene que el proyecto cristaliza una versión superadora de la ley de emergencia que la oposición de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca busca prorrogar por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027.
Se mantiene la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. También se mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles por el índice de movilidad jubilatoria y la cobertura básica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales a la del ejercicio fiscal anterior. Se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo. Se incorporó una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.
La oposición argumenta que la prórroga de la emergencia genera mayores condiciones de exigibilidad a jueces para resolver las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones no pagadas a prestadores. Sostiene que el proyecto oficialista mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, endurece los requisitos, delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión y la compatibilidad con el trabajo, y permite suspender pensiones sin debido proceso por simple cruce de datos. Según advierten, tampoco garantiza el financiamiento, ni asegura el pago de la deuda con los prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%.
Endeudamiento familiar
El dictamen de mayoría, del oficialismo y sus aliados del PRO y la UCR, se denomina Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores. Hace hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.
Sus ejes incluyen la transparencia y el acceso a la información de créditos al consumo, con especial detalle en los de corto plazo, la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de entidades bancarias y plataformas.
El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado ley de regularización y alivio financiero, declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos). Fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos. Cada persona deberá tramitar la adhesión ante su acreedor; si este no admite la gestión, interviene el Banco Central.
La iniciativa de UP y PU limita la tasa de interés vinculada al Costo Financiero Total, pero garantiza a los acreedores una ganancia moderada consistente en un plus sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR). Condona el 100% de los intereses punitorios, respeta el capital y pone límites a los intereses compensatorios. Incluye capítulos sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.
Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo
Se tratará un dictamen único firmado por unanimidad para crear un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con foco en medicamentos de alto riesgo. La iniciativa, autora principal Silvana Giudici (La Libertad Avanza), responde a la crisis sanitaria iniciada en abril de 2025, cuando el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas.
La Cámara de Diputados creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora, cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos. El debate comenzó el 8 de septiembre del año pasado y el dictamen incluyó aspectos de proyectos de Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria).
El proyecto establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de fármacos inyectables parenterales (intravenosos, intramusculares, intratecales, entre otros) y de sus materias primas. Busca establecer el deber de notificación inmediata por parte de instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública.
Exige un registro digital en cada etapa (importación, producción y distribución) hasta la administración efectiva del medicamento, vinculada al identificador clínico del paciente. Crea un Protocolo de Eventos Críticos de Salud que se activa ante sospechas de contaminación o eventos adversos y obliga a notificar en simultáneo a Nación, Provincias y ANMAT dentro de las 24 horas. También crea el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), obligatorio y digital, bajo la órbita de la ANMAT, que permite dar aviso inmediato y bloquear preventivamente lotes sospechosos en un máximo de 6 horas.
Incorpora un régimen sancionatorio especial para faltas graves, como falsedad u omisión de datos de trazabilidad o incumplimiento de inmovilizaciones, con multas elevadas, suspensiones, clausuras definitivas y decomiso. Su aplicación será federal, articulada mediante el Consejo Federal de Salud (COFESA).
Ley contra el vandalismo rural
El proyecto impulsado por el PRO y avalado por LLA, UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, con sanciones de hasta 8 años de cárcel por intrusión en campos y ataques al sistema de producción agropecuaria. La iniciativa, autor Martín Ardohain (PRO), establece penas de prisión de un mes a un año para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.
También prevé penas de dos a ocho años y multas de hasta 12 veces el valor del daño para quien destruya o dañe el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario, o cereales u oleaginosas no cosechadas o almacenadas en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otros sitios.
Fuente: Tiempo Argentino