El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la investigación contra Manuel Adorni deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para analizar una posible evasión tributaria. El dictamen concluye que no pudo descartarse que el capital cuestionado fuera anterior a su llegada al Poder Ejecutivo.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la causa contra Manuel Adorni deje de tramitar como un presunto caso de enriquecimiento ilícito y sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria. El dictamen del funcionario judicial concluye que no pudo descartarse que el capital cuestionado hubiera sido obtenido antes de la llegada del funcionario al Poder Ejecutivo.
No se trata de un sobreseimiento, aunque pone en duda que el ex jefe de Gabinete haya cometido el delito más grave de que se lo acusa.
La Fiscalía sostuvo que la prueba reunida no permite mantener la hipótesis de que Adorni se enriqueció de forma injustificada durante su función pública, pero aclara que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años.
El expediente se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. El dictamen de Pollicita debe ser ahora analizado por el juez de la causa, Ariel Lijo.
La investigación debía analizar el patrimonio de Adorni durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
Entre las justificaciones del ex vocero, hay varias de tenor bizarro. Por ejemplo, ésta: «Me encontré con un anónimo que conocí en internet, me entregó 270.000 dólares en efectivo y los guardé en el colchón como si no existieran hasta 2024».
La Fiscalía había detectado erogaciones por 402.578,12 dólares, de las cuales 374.081,66 fueron abonados en efectivo, además de una diferencia de 43.068.549 pesos entre ingresos lícitos comprobados y gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos durante el período bajo análisis.
Entre los desembolsos relevados figuraban pagos por la compra de un lote en el Country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Según el dictamen, una parte de esas operaciones se efectuó fuera del sistema bancario o mediante terceros.
Adorni respondió a la intimación patrimonial con una explicación centrada en una inversión previa en Bitcoin. Su defensa afirmó que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, que las compras alcanzaron cerca de 200.000 dólares y que la liquidación de esos activos produjo un total de 591.544,61 dólares que decidió mantener en efectivo.
Pollicita consideró que ese descargo no pudo ser refutado con los elementos disponibles en el expediente. La clave jurídica es que la figura de enriquecimiento ilícito exige que el incremento apreciable e injustificado se produzca después de la asunción de un cargo público. En este caso, la hipótesis presentada por la defensa, y aceptada por el fiscal, coloca el origen de los fondos años antes de diciembre de 2023, cuando asumió el cargo de vocero presidencial.
El fiscal remarcó además que la investigación no logró vincular el dinero cuestionado con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”.
Las billeteras virtuales
La Fiscalía dispuso una verificación criptográfica de las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa de Adorni.
La prueba técnica no permitió, señala el dictamen, reconstruir con certeza las contrapartes, el lugar y las condiciones de todas las operaciones virtuales, unos 41 movimientos.
Para la Fiscalía, la información disponible impide corroborar de forma definitiva el relato de Adorni, pero tampoco permite desacreditarlo.
¿Ingresos previos?
El dictamen reconstruye los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. De acuerdo con los registros de Ansés y Arca, las remuneraciones acumuladas del matrimonio, convertidas a dólares al tipo de cambio oficial promedio de cada año, alcanzaron aproximadamente 335.000 dólares hasta 2014 y unos 493.000 si se toma el período hasta 2018.
Los registros cambiarios consignaron compras conjuntas por 60.983 dólares entre 2011 y 2014. Y 83.472 dólares si se incluye 2015.
Fiscalía aclaró que esos números no prueban por sí mismos la inversión en criptoactivos ni reconstruyen todos los gastos de subsistencia del grupo familiar. Pero entendió que colocan la compra de Bitcoin dentro de una escala económica posible.
El dictamen también menciona una fuente documentada de divisas durante el período investigado: la venta por 50.000 dólares de un inmueble «heredado» en La Plata.
Ahora, apenas una posible evasión tributaria
Aunque la Fiscalía consideró explicado el núcleo patrimonial que había motivado la intimación, detectó posibles irregularidades tributarias.
El dictamen señala que la misma defensa de Adorni reconoció que parte de la información incorporada en las declaraciones juradas rectificativas constituía «materia antes no declarada». Y que los ahorros familiares se conservaron por fuera del sistema bancario y no se informaron al Arca.
El fiscal sostuvo que existen indicadores que podrían exceder una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de fondos una vez iniciada la causa. Nada, sin embargo, parecido a un enriquecimiento ilícito.
Por ese motivo, solicitó que el juzgado declare la incompetencia del fuero criminal y correccional federal y remita el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
La mirada en otro lado
Pollicita también pidió que la Justicia Penal Económica analice las conductas de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y del contratista Matías Tabar, por operaciones que habrían quedado fuera del control impositivo en las propiedades de Adorni.
También pidió enviar actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones inmobiliarias del ex funcionario.
El juzgado federal deberá resolver ahora si acepta la declinatoria de competencia y ordena el envío del expediente al fuero penal económico.
Nada raro, para el fiscal
Las propiedades en las que se centró la investigación fueron una casa en el country Indio Cuá Golf Club, de Exaltación de la Cruz, y un departamento con cochera en la calle Miró al 500, en Caballito. La primera fue escriturada en noviembre de 2024 a nombre de Bettina Angeletti por 120.000 dólares. Para financiar la operación, el matrimonio tomó un préstamo no bancario de 100.000 dólares garantizado con una hipoteca sobre el departamento que poseían en Parque Chacabuco. El resto fue informado como un pago en efectivo.
El crédito para la casa de Indio Cuá fue otorgado, según Adorni, por dos mujeres policías, Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio. Según la documentación examinada en el expediente, Molina aportó 85.000 dólares y Cancio otros 15.000.
El contratista Matías Tabar declaró que cobró 245.000 dólares en efectivo, sin facturas, por las refacciones en Indio Cuá. Adorni dijo que costaron menos, unos 175.000, y dijo que esos dólares eran ahorros previos.
La segunda operación bajo análisis fue la compra, en noviembre de 2025, del departamento de Caballito por 230.000 dólares. La explicación de Adorni es que entregó 30.000 dólares en efectivo y, lo más ingenioso, que financió los 200.000 restantes con una hipoteca privada con las anteriores propietarias, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Sin intereses.
Tarjetas de crédito de empleados
Otra de las irregularidades es el uso de tarjetas de crédito de empleados y funcionarios que dependían de Adorni. Gastos de blanquería y colchones para la casa de Indio Cuá, equipamiento tecnológico y hasta máquinas para videojuegos. En el expediente figuran consumos por 8.183.303,25 de pesos en ropa blanca y otros productos para la vivienda, dos proyectores (1.831.795 pesos cada uno) y un monitor de 2.185.000.
La secretaria de la Vocería Presidencial Gisela Kocsis declaró que realizó compras a nombre de Adorni y que su jefe le reintegraba el dinero en efectivo. La defensa sostuvo que algunas de esas operaciones formaban parte de «tareas de asistencia personal y laboral».