La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a diez años de prisión dictada contra Pedro Müller, exdirectivo de la empresa Ford, por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de trabajadores de la compañía durante la última dictadura cívico-militar.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a diez años de prisión dictada contra Pedro Müller, exdirectivo de la empresa Ford, por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de trabajadores de la compañía durante la última dictadura cívico-militar.
La decisión de la máxima instancia judicial ratifica la sentencia dictada en 2018 y se inscribe como un antecedente clave en la investigación sobre la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado en la Argentina. La mayoría del tribunal estuvo integrada por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, junto a los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci, en tanto que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
El caso y los hechos juzgados
El proceso judicial ventiló los secuestros y tormentos sufridos por 24 trabajadores —en su mayoría delegados gremiales y activistas— de la planta automotriz de General Pacheco entre los años 1976 y 1977. De acuerdo con los elementos acreditados en la causa, 17 de las víctimas fueron privadas de su libertad dentro de la propia fábrica, donde efectivos militares se instalaron y utilizaron un quincho de la empresa como centro clandestino de detención y torturas antes de su traslado a comisarías de la zona.
Las instancias anteriores y la revisión de la Cámara Federal de Casación Penal habían sostenido que la persecución y el disciplinamiento de los trabajadores formaron parte de una política coordinada entre la cúpula directiva de la automotriz y las fuerzas de seguridad para eliminar la resistencia sindical y asegurar las exigencias de producción tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Con el fallo dictado por el máximo tribunal, la causa regresará al tribunal de origen para avanzar con los trámites correspondientes a la ejecución de la sentencia.